El tribunal arbitral tomó esta decisión porque consideró que tanto el Estado Peruano como el Consorcio Chavimochic S.A., integrado por Novonor (antes Odebrecht) y Aenza (antes Graña y Montero) tuvieron incumplimientos al contrato que, según las cláusulas del mismo, deben propiciar la caducidad del mismo.
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Además, el CNUDMI decidió que ambas partes le tengan que pagar a la otra más de US$25 millones como indemnización.
“El tribunal resuelve por unanimidad que el concedente [el Estado] deberá pagar al concesionario como consecuencia de la obligación de proveer con la Entrega del Control del Proyecto la suma de US$25′307.438 por las obras, bienes y gastos”, señaló la CNUDMI en el laudo de caso.
Asimismo, la entidad resolvió que las faltas del Consorcio Chavimochic impulsan la aplicación del 70% del valor de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, que asciende a US$25′060.000. Además, indicó que el Estado podrá retener el 10% del monto que corresponda pagar al concesionario en aplicación del Decreto de Urgencia 003-2017, que evita la paralización de la construcción de obras públicas o asociaciones público-privadas por actos de corrupción.
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La CNUDMI explicó que desde el momento en que Ricardo Boleira, exsuperintendente de Odebrecht en Perú, firmó el contrato del proyecto, este ya tenía conocimiento y había participado en hechos delictivos de la constructora brasileña. Esto le impedía de facto cumplir con su obligación contractual de no generar hechos adversos para la concesión y que afecten la capacidad del concesionario en cumplir sus obligaciones del contrato.
Una vez el Consorcio Chavimochic entregue la concesión al Estado, este volverá a licitarla. Aún no se conocen los plazos que se tomará para volver a lanzar el proyecto al mercado.
El Midagri indicó a El Comercio que la ministra Patricia Ocampo se pronunciaría sobre el caso hoy en la Comisión Agraria del Congreso. El consorcio Chavimochic indicó que no daría declaraciones.
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