El camino a la prosperidad descansa en la capacidad de generar ganancias continuas en productividad. Aunque la literatura no ha logrado todavía calibrar exactamente la receta para alcanzarla, se tienen claras pistas de aspectos que han ayudado a varios países a transitar por esa vía: el desarrollo institucional; la educación; el ecosistema para la innovación; la estructura de incentivos para que los emprendimientos desplieguen todo su potencial; entre otros. Dentro de esta estructura de incentivos, los sistemas de pensiones- como parte de la seguridad y protección social – pueden jugar el papel de héroe o villano, en una economía altamente informal como la peruana. Es decir, puede ayudar a salvar la productividad o a matarla.
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Esto porque, aportar a un sistema de pensiones implica retener una parte importante de los limitados ingresos del presente para destinarlos a algo que sucederá en la última etapa del ciclo vital. Si estos aporte son de carácter obligatorio, y se suman a una larga cuantía de otros pagos que el Estado exige, las pensiones se terminan convirtiendo en un detonante de mayor informalidad. Así, en un país como el Perú, donde las cargas laborales representan cerca del 70% del salario pagado en el sector formal, de acuerdo con el BID, un aporte obligatorio de 13% entre lo que se destina al ahorro para la jubilación, comisiones y primas de seguro, se constituye sin duda en otro gran desincentivo para que las empresas se formalicen y crezcan. Así, el sistema de pensiones en el Perú, de la forma en que está estructurado, tiene una contribución relevante en la tan dañina atomización en la que se ven atrapadas muchas de las medianas, pequeñas y microempresas en el Perú.
Las propuestas protagónicas que vienen liderando el debate de la reforma de pensiones peruana, no dejan duda de la miopía existente. El inútil centro del debate sigue estando sobre el 20% de la PEA que cotiza en los dos grandes sistemas de pensiones: AFP y ONP. Dos sistemas hecho para los escasos trabajadores del país que están en planilla. Ejecutivo, congreso y otros actores, se desgañitan discutiendo ente las características que este debe tener, dejando sin abordar el problema de cómo hacer que los trabajadores que no están en planilla puedan hacerlo, de tal manera que el costo de esa acción les sea algo más cómoda que ahora. Es paradójico como muchos criticamos la infausta Agenda 19 que traía el golpista presidente Castillo que elevó los costos de contratación pero, sin embargo, cometemos similares errores manteniendo -o proponiendo- cotizaciones a pensiones que son muy elevados para la mayoría de peruanos.
En la reciente reunión del Global Pension Programme en Washington DC, organizado en la sede del BID, en el que se reunieron los principales hacedores de políticas públicas, reguladores y expertos, hubo una coincidencia general: el sistema de pensiones tiene que realizar cambios urgentes dirigidos a que el sistema coadyuve a una mayor participación de los segmentos hoy en la informalidad. Esto implica brindar un rol más protagónico a los aportes voluntarios, y flexibilizar el aporte obligatorio. En este último punto, el equipo de expertos del BID, por ejemplo, propone que la tasa de aporte no sea única, sino que esta guarde relación con el nivel de ingresos, creciendo progresivamente. Otros proponen que la base para la cotización debería tener mínimos y máximos. Otros también proponen mayor flexibilidad en la definición de la pensión mínima, transitando así hacia un pool de pensiones objetivos que estén por debajo de los actuales niveles.
En resumen, más allá de que estas propuesta encajen con la receta exacta o ideal que debiera tener el sistema de pensiones, existe hoy una clara sensibilidad por parte de los reguladores respecto al rol que deben tener los sistemas de pensiones para ayudar a mejor la productividad, o al menos evitar que empeore. Como diría el premio Nobel Paul Krugman, “la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo lo es casi todo”. Y para el Perú, debería serlo todo.
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