El 28 de julio el Perú no solo estrena gobierno: estrena también un Congreso distinto. Por primera vez en más de tres décadas volvemos a un sistema bicameral, con Cámara de Diputados y Senado. El cambio no es cosmético. La bicameralidad existe, en esencia, para que las leyes se piensen dos veces antes de convertirse en normas que afectan la vida de millones.
Y vaya que lo necesitamos. Basta mirar la última década. El Congreso unicameral aprobó, uno tras otro, proyectos que la evidencia técnica desaconsejaba. Los sucesivos retiros de los fondos de pensiones —rechazados por el MEF, el BCR, la SBS, la OCDE y decenas de expertos de distintas ideologías— debilitaron el ahorro previsional de millones con el argumento de protegerlos. Leyes que habilitaron gasto fiscal desde el Legislativo, saltándose la disciplina presupuestal. Una norma para crear el Colegio Profesional de Artistas del Perú, rechazada ampliamente desde casi todos los frentes del sector cultural del país. No hay sector que se libre. El patrón se repite: iniciativas sin análisis costo-beneficio, comisiones que convocan a los técnicos solo para ignorarlos y normas que terminan derogadas o declaradas inconstitucionales.
Esa es la peor forma de legislar. No solo porque produce leyes malas, sino porque produce ineficiencia pura: se invierte tiempo, capital político y recursos públicos en aprobar algo que, tarde o temprano, hay que deshacer. Y en el camino, el daño queda. Los que supuestamente iban a ser protegidos suelen terminar siendo los más perjudicados. Detrás de cada mala ley hay personas que pagan la cuenta.
La bicameralidad ofrece una oportunidad, pero no la garantiza. Buena parte de las democracias más estables tienen dos cámaras precisamente porque la deliberación pausada y contrastada produce mejores leyes. Pero el diseño institucional no basta: una segunda cámara puede ser un filtro que corrige o, simplemente, una instancia más que replica los mismos vicios. La diferencia dependerá de una decisión concreta: escuchar. Escuchar a los gremios, a los organismos multilaterales, a los reguladores y al propio Ejecutivo antes de votar. No para obedecerlos, sino para no legislar a ciegas. Y para poner siempre al ciudadano en el centro.
Necesitamos, entonces, algo que debería ser obvio: que cada proyecto pase por un análisis serio de costos y beneficios. Que la opinión de los entes técnicos se incorpore al debate y no se archive como mera formalidad. Que se privilegien las audiencias públicas y la deliberación por encima de la votación exprés. Que diputados y senadores usen sus dos lecturas para hacerse la pregunta que la última década evitó: ¿a quién ayuda realmente esta ley y a quién termina perjudicando? La respuesta honesta a esa sola pregunta habría evitado buena parte de los errores que hoy lamentamos.
El país no puede darse el lujo de repetir el ciclo de leyes populares que nacen mal y mueren peor. Un buen sistema legislativo no se mide por cuántas leyes aprueba, sino por cuántas resisten el paso del tiempo.
