Según el Banco Mundial, contratar formalmente a un trabajador con salario mínimo en el Perú tiene un costo no salarial de casi 65%, pero el trabajador solo valora como beneficios la mitad de dichos costos. Esa diferencia termina siendo un impuesto implícito a la formalidad y llega a 32% en el Perú, uno de los más altos de América Latina. Por el contrario, en Chile esa diferencia es negativa: -10,3%. Es decir, el trabajador chileno valora sus beneficios por encima de lo que le cuestan a su empleador. En resumidas cuentas, su sistema está diseñado para que la formalidad valga la pena, mientras que en el Perú no.
¿Por qué? Pensemos en dos de los principales beneficios que deberían anclar al trabajador a la formalidad. Por un lado, los servicios de salud que brinda EsSalud no se perciben como superiores a los del SIS, que es gratuito o casi gratuito para cualquier informal. Por otro lado, al permitirse el retiro libre de la CTS, esta dejó de operar como seguro de desempleo y pasó a ser, en la práctica, un sueldo adicional que solo encarece la planilla sin proteger a nadie.
Además, la regulación ensancha la brecha en lugar de reducirla. Por ejemplo, el reparto de utilidades se activa al superar los 20 trabajadores, sin ninguna gradualidad, así que contratar al trabajador número 21 implica pagar utilidades a toda la planilla anterior. Frente a ese salto, muchas empresas prefieren quedarse pequeñas, dividirse en varias razones sociales o informalizar parte de su personal.
Nada de esto es casualidad, sino consecuencia. Según el BID, buena parte de esta normativa se diseñó a mediados del siglo XX, pensada para un trabajador asalariado, formal, urbano y masculino que hoy ya no representa a la mayoría de la fuerza laboral. En el Perú, esto se ha traducido en un compendio laboral creciente con 147 normas laborales en 1.811 páginas, de las cuales el 65% se crearon en los últimos 20 años, sin preguntarse si el trabajador realmente las valora.
El error de fondo es pensar que la solución pasa por más fiscalización o subiendo el sueldo mínimo. Mientras formalizar siga costando el doble de lo que vale, seguiremos empujando a empresas y trabajadores hacia la informalidad. Y mientras el diseño de la norma siga premiando a la empresa que se queda pequeña sobre la que crece, seguiremos resignando la productividad que solo se alcanza con escala. Esa debería ser la verdadera tarea del nuevo gobierno: rediseñar los incentivos para que crecer y formalizar sean la misma decisión.
