Junto con las noticias sobre las lluvias, los huaicos y el estado de las playas, todos los veranos leemos noticias sobre la situación de los colegios en el Perú, a propósito del regreso a clases. A finales de enero, por ejemplo, se informó que la Defensoría del Pueblo exigía “acciones inmediatas” para atender el estado crítico de la infraestructura de 400 locales educativos de la capital. Exactamente un año antes, los medios reportaban que “más de la mitad de los colegios del Perú debe ser demolida por infraestructura inadecuada”. Casi un calco, además, de una nota publicada en el 2018.
Una realidad frustrante que, lamentablemente, hemos convertido en una de las muchas tradiciones nocivas que persisten en el sector como, por ejemplo, los constantes retrocesos con respecto a la meritocracia en la carrera pública magisterial, en claro perjuicio de la calidad de la educación. O como la altísima rotación en el Ministerio de Educación, que desde el 2016 ha tenido 16 titulares haciendo imposible que se hagan esfuerzos consistentes para beneficiar a los alumnos. Y no olvidemos la falta de acceso en los colegios a servicios básicos como agua y electricidad y la falta de conectividad.
La última prueba PISA (2022) evidencia las consecuencias de esta situación, agravada por los estragos de la pandemia y la educación a distancia. En lectura, el Perú obtuvo un puntaje de 408, apenas superior al del 2018, pero aún muy por debajo del promedio de la OCDE. En ciencias, solo el 47% de los estudiantes superó el umbral mínimo de competencia (frente al 76% de la OCDE). Sin embargo, los resultados más preocupantes se dieron en matemáticas: el puntaje promedio cayó a 391, por debajo de los 400 obtenidos en el 2018, y apenas el 34% de los estudiantes alcanzó el nivel mínimo de competencia.
¿Estamos frente a un problema de inversión en educación? No parece ser el caso o, cuando menos, no es el factor más importante. Entre el 2005 y el 2025, el presupuesto en educación a nivel del Gobierno Nacional se incrementó en aproximadamente 470%. Aun así, la brecha de infraestructura para el sector, a diciembre del 2023, ascendió a S/ 174,603 millones. El problema, en ese sentido, es cuán capaz ha sido el Estado de dirigir adecuadamente esos recursos, con lo que volvemos a los problemas ya mencionados.
Pero la educación no es un problema del Estado: es una crisis nacional. Y, como tal, merece de la atención y de la contribución de todos. Sobre todo, si consideramos que el sector privado tiene muchísimo que aportar.
Sin duda, nuestras autoridades tienen mucho por hacer en términos de administrar bien los recursos, garantizar estabilidad en el sector y evaluar meritocráticamente a los docentes. Pero también debemos considerar cómo el sector privado puede contribuir. Las obras por impuestos han permitido inversiones relevantes en infraestructura (el BCP, por ejemplo, invirtió S/598 millones en el sector entre el 2010 y el 2023), pero todavía hay espacio para pensar fuera de la caja, ¿por qué no discutir, por ejemplo, la concesión de la gestión de algunas escuelas a privados bajo contratos estrictos de desempeño, similar a los ‘charter schools’ en EE.UU.? Los colegios de Fe y Alegría muestran que este tipo de modelos puede funcionar ¿o por qué no evaluar la expansión de alianzas público-privadas en educación técnica y digital para acercar a los estudiantes a competencias clave para el mercado laboral? ¿O promover iniciativas como Enseña Perú, que coloca profesionales de diferentes áreas en escuelas del país?
Para mejorar debemos superar prejuicios e intereses políticos. Los estudiantes lo merecen.
