"Gasto público y PBI", por Santiago Dávila Philippon

Hoy más que nunca necesitamos que el gasto público (de calidad) se acelere para apuntalar el crecimiento del PBI. Pero nos encontramos nuevamente con dos viejos problemas. El primero es que, en general, no se gasta todo lo presupuestado y se gasta tarde (en los dos últimos trimestres del año generalmente). El segundo problema es que la calidad del gasto deja mucho que desear. 

El problema de la baja calidad del gasto público se ha tratado de mejorar con la creación del Sistema Nacional de Inversión Publica (SNIP) y del mecanismo de Presupuesto por Resultado (PpR), que son esencialmente maneras de sujetar la ejecución del gasto público a una evaluación previa, respecto a su rentabilidad e impacto social. A esta evaluación ex ante hay que añadir el control, normalmente ex post, que efectúa la Contraloría respecto al gasto ejecutado por las entidades del Estado.

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Sin embargo, a la luz de los escándalos de corrupción y del despropósito evidente de algunas inversiones públicas, en especial de los gobiernos regionales, es claro que ambos mecanismos de control de la calidad del gasto no han funcionando del todo bien.

Pero, incluso las inversiones y gastos que cuentan con el respectivo control de calidad’ enfrentan problemas de ejecución. El gasto, inclusive el de “calidad”, es lento por dos razones. La primera es porque la burocracia a cargo del gasto público no tiene ni los conocimientos ni los incentivos para ejecutar el presupuesto de forma expeditiva. Y lo estamos comprobando justo ahora, porque el gasto público de los recientemente electos gobiernos regionales ha caído un poco más del 50% en el primer trimestre del año.

La segunda razón de la lentitud en el gasto tiene que ver con la escasa oferta de proveedores interesados en contratar con el Estado. La inmensa cantidad de requisitos de forma (más que de fondo) que se exigen y la alta probabilidad de terminar en un controversia con el Estado espanta  a la mayoría de proveedores decentes, condenando al Estado a contratar con lo que queda. 

No hay una salida sencilla para el problema de la ejecución del gasto público, en especial en el corto plazo. Muchas iniciativas, como la capacitación a los gobiernos regionales y la apertura de oficinas de asesoría del MEF en provincias van en la línea correcta, pero tomarán tiempo en madurar. Otra alternativa es ejecutar el gasto público vía decretos de urgencia, pero el riesgo es alto. Mejor sería reconocer que el Estado no gasta bien y en consecuencia  buscar que los ciudadanos tengan más dinero para el consumo (vía una reducción impositiva) e incentivar  que más empresas usen el mecanismo de obras por impuestos.