En 2011, cuatro países de América Latina -Colombia, Chile, México y Perú- decidieron juntarse para crear la Alianza del Pacífico. El objetivo común de este bloque de países consistía en incrementar la integración comercial y económica entre sus miembros y poder lograr también mejores condiciones de negociación con los países de la cuenca del Pacífico y del mundo en general. Los cuatro países tenían en común, por un lado, un desempeño macroeconómico razonable basado en la desregulación de sus economías, el liderazgo del sector privado, la prudencia fiscal y la integración comercial con el mundo. Chile y México ya eran miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, mientras que el Perú y Colombia aspiraban a integrarla prontamente. Por otro lado, sus presidentes representaban orientaciones políticas de centro o derecha comprometidos con una visión de desarrollo moderna y global. Para los analistas económicos y observadores internacionales, la Alianza del Pacífico era señal de que las políticas redistributivas, populistas y discrecionales características de los gobiernos de izquierda iban quedando en el pasado para América Latina sintiéndose cierto optimismo respecto a que hasta los países con gobiernos del socialismo del siglo 21 virarían pronto hacia esta dirección de políticas más sanas.
En 2011, cuatro países de América Latina -Colombia, Chile, México y Perú- decidieron juntarse para crear la Alianza del Pacífico. El objetivo común de este bloque de países consistía en incrementar la integración comercial y económica entre sus miembros y poder lograr también mejores condiciones de negociación con los países de la cuenca del Pacífico y del mundo en general. Los cuatro países tenían en común, por un lado, un desempeño macroeconómico razonable basado en la desregulación de sus economías, el liderazgo del sector privado, la prudencia fiscal y la integración comercial con el mundo. Chile y México ya eran miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, mientras que el Perú y Colombia aspiraban a integrarla prontamente. Por otro lado, sus presidentes representaban orientaciones políticas de centro o derecha comprometidos con una visión de desarrollo moderna y global. Para los analistas económicos y observadores internacionales, la Alianza del Pacífico era señal de que las políticas redistributivas, populistas y discrecionales características de los gobiernos de izquierda iban quedando en el pasado para América Latina sintiéndose cierto optimismo respecto a que hasta los países con gobiernos del socialismo del siglo 21 virarían pronto hacia esta dirección de políticas más sanas.
A pesar de dicho optimismo, que se sustentaba también en buenos indicadores macroeconómicos, diez años después los cuatro países pasaron a ser gobernados por gobiernos de izquierda e incorporanron varios elementos a las políticas públicas que se creían superados. La pregunta que surge, entonces, es ¿por qué si las cifras económicas agregadas eran mejores que las del resto de la región, los cuatro países elegimos, una década después, opciones de izquierda para gobernarnos? Existen, seguramente, muchas respuestas para esta pregunta, pero me gustaría recalcar una explicación que surgió en un foro sobre este tema hace un año, donde participaron ministros de economía o hacienda que ejercían sus posiciones en los albores de la Alianza. La conclusión en dicho conversatorio -que tiene que ser necesariamente introducida en el debate preelectoral en nuestro país- es que para avanzar como sociedad no bastan políticas macroeconómicas fiscales, comerciales y monetarias adecuadas, sino que estas deben venir acompañadas de políticas sectoriales que beneficien a los ciudadanos y permitan que los beneficios económicos del crecimiento económico y el comercio internacional lleguen a todos los segmentos. Si medimos resultados referidos a salud, educación y acceso a otros servicios básicos de calidad, no hubo mejoras significativas en nuestros países en los últimos 20 años que nos acercaran a aquellos que se registran en los países de la OCDE.
Más bien, si hubo algo en común en los países, es que se incrementó la criminalidad medida en términos de homicidios por cada 100 mil habitantes con la excepción de Colombia que la bajó, pero que aún así se mantiene por encima del promedio.
Tenemos que romper la inercia en las políticas públicas sectoriales de las últimas décadas. En el Perú insistimos en que la política educativa se debe centrar en crear privilegios para los profesores sindicalizados que enseñan en las escuelas o fomentar la creación de universidades sin la menor posibilidad de ofrecer un mínimo de calidad. Igual en salud; construimos hospitales de alto nivel de complejidad descuidando la atención primaria. De igual manera, a pesar de los miles de millones de soles que se invierten en infraestructura de agua, la población, mayoritariamente, sigue consumiendo agua que no tiene los índices de cloro que aseguren la desinfección. Si no somos capaces de reformar nuestras políticas de provisión de servicios básicos poniendo a los ciudadanos por delante, la población seguirá descontenta y escuchará los cantos de sirena de las políticas que no están orientadas a crear mayor riqueza. Tenemos que aprender de los países más desarrollados y modificar sustancialmente nuestros modelos de gestión de servicios básicos, incorporando con mayor decisión al sector privado, exigiendo la mejora en la calidad de servicios e introduciendo prácticas meritocráticas.
