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Hasta el 2017, la última vez que el PBI per cápita del Perú había sido mayor que el de Venezuela fue en 1923.
La crisis económica del país del norte de Sudamérica puede ser demostrada con casi cualquier indicador del sector financiero: sus precios se elevaron en 2.626% solo durante el 2017, según la Asamblea Nacional de Venezuela; para el 2018, el PBI decrecería 15% y la economía se encogerá a un tercio de lo que solía ser en el 2013, según “The Economist”; y la inflación proyectada para este año se estima en 13.000%, informó recientemente el FMI.
“Tenemos un petro-Estado quebrado, con muchísima indisciplina fiscal, que no renuncia al populismo y que no encuentra un equilibrio para atenerse a un presupuesto que permita empezar a sanear las deudas y el déficit fiscal”, sostiene el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado.
La dependencia del Estado Venezolano por el petróleo y la caída del precio del barril en los últimos años han gatillado la crisis. El precio promedio mensual del crudo WTI descendió desde US$124 en abril del 2011 hasta un piso de US$29 en enero del 2016. En los últimos meses, se ha visto una recuperación parcial que ha llevado la cotización mensual promedio a US$65 en lo que va de enero.
Pero el sustrato esencial del descalabro está en el desmanejo económico, reflejado en el control de precios y de divisas, las nacionalizaciones, el intervencionismo y la creación monetaria descontrolada. “En su momento, las ganancias por el petróleo representaban el 95% de los ingresos por exportaciones. Eso hizo que se financiaran políticas sin ningún sustento, creando una especie de crónica de muerte anunciada”, explica el economista de la Universidad del Pacífico Carlos Parodi.
“Tenemos un gobierno que es populista un día, marxista el otro, que quiere pagar sus deudas el lunes, pero que el martes decide controlar el tipo de cambio”, añade el analista venezolano Jean Maninat.
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ECONOMÍA PARCHADA
Venezuela ha duplicado su deuda en bonos en los últimos diez años, superando los US$130.000 millones, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
En este contexto, mientras que la calificadora de riesgo Moody’s comentaba en noviembre que la deuda externa del país estaba entre las más difíciles de reestructurar, para diciembre del 2017 otras calificadoras como S&P y Fitch declaraban a Venezuela y a Petróleos de Venezuela, la empresa estatal de petróleo, en default parcial.
Esto ha terminado ahuyentando a inversionistas interesados en el país, que de por sí son muy pocos, según el analista internacional Ramiro Escobar.
En este contexto, Parodi sostiene que la política económica venezolana va en contra de las leyes del mercado. Acostumbrada a grandes intervenciones y subsidios para el agua, la energía eléctrica y la gasolina, solo era sostenible siempre y cuando existiera una fuente de ingresos fuerte. “En este caso, ya no está”, sentencia.
Por otro lado, para intentar paliar los efectos de la hiperinflación, el gobierno de Nicolás Maduro aumentó en cinco oportunidades el sueldo mínimo durante el año pasado.
“Si no se nota más la crisis, es porque en estos años se han ido cinco millones de venezolanos, que si estuvieran aquí representarían más o menos el 50% del desempleo”, sostiene Maldonado.
El desempleo a escala nacional, según cifras del FMI, se estima en 21%. No obstante, según el especialista, habría que sumar el hecho de que el 46% de la población económicamente activa es informal.
LOS CAMINOS POR SEGUIR
Solucionar la crisis económica venezolana, tal como indicó Moody’s, es complejo. Según Maninat, el gobierno debe cancelar la política de control de precios y tipo de cambio. Además, para Maldonado, se debe iniciar un programa de privatización de empresas públicas. “Todas están quebradas”, afirma.
Parodi concluye que se deben restaurar los principios básicos de una economía. Para ello, un cambio de gobierno sería un buen primer paso.
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