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D.U. 003: Promulgan ley que asegura pago de reparación civil

La Ley 30737 fue aprobada la semana pasada por el pleno del Congreso, tras haber sido postergada el 13 febrero y debatida 8 veces por las comisiones de Justicia y de Economía

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(Foto: El Comercio)

El Gobierno promulgó hoy en el diario El Peruano la Ley 30737 (ver aquí) que reemplaza al Decreto de Urgencia 003 (que vencía mañana). Con esta norma se busca corregir las deficiencias del D.U. y asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos.

La norma ordena la suspensión de las transferencias al exterior, la adquisición y retención del 50% del precio de venta en el fideicomiso de retención y reparación hasta alcanzar el monto de reparación y el íntegro de la deuda tributaria exigible.

También se establece la retención de importe a ser pagados por las entidades del Estado, la anotación preventiva y otras medidas.

Estas medidas aplican, según la norma, para las personas jurídicas con sentencia firme por delitos contra la administración pública, lavado de activos o delitos conexos; o equivalentes cometidos en otros países en agravio del Estado peruano.

También quedan sujetos a sus disposiciones los funcionarios o representantes de las personas jurídicas que hayan sido condenados con sentencia firme en el Perú o en el extranjero por la comisión de los delitos contra la administración público, lavado de activos o delitos conexos, o equivalentes cometidos en el extranjero en agravio del Estado peruano.

Igualmente, aplica para las personas jurídicas que, directamente o a través de representantes, hubiesen admitido o reconocido la comisión de delitos contra la administración pública (hasta ahora, solo Odebrecht), lavado de activos o delitos conexos, o equivalentes ante autoridad nacional o extranjera competente.

El dispositivo legal incluye también acciones restrictivas contra los socios, asociados o consorciados de las personas vinculadas a actos de corrupción.

En ese marco, los socios o consorciados tendrán la obligación de constituir un fideicomiso de garantía que coadyuve al pago de la reparación civil; suspender las transferencias al exterior implementar un programa de cumplimiento y revelar información a las autoridades encargadas de la investigación.

La Ley 30737 fue promulgada luego de su aprobación por mayoría en el Pleno del Congreso, tras haber sido postergada el 13 febrero y debatida ocho veces por las comisiones de Justicia y de Economía de este poder del Estado.

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