Presupuesto 2027: costo asignado a servicios básicos cae 16,3%

El Mapa de Distancias, publicado en este Diario el 5 de septiembre último, mide el acceso de los hogares a nueve servicios básicos: agua y saneamiento, electricidad, Internet, vivienda, vías de acceso, salud, infraestructura escolar y seguridad ciudadana. Aunque entre 2007 y 2017 el país avanzó en acortar las distancias que limitan su desarrollo, ahora avanza mucho más lentamente. La clave está en la diferencia entre estar conectado y recibir un servicio adecuado.

Así, vemos que el 96,2% de los hogares tiene electricidad y el 71% tiene saneamiento por red, pero el agua con cloro residual llega apenas al 31,9% de los hogares, y en localidades como Pasco, Loreto, Ucayali, Cajamarca y Huánuco no supera el 7%. En salud, el 73,4% de quienes presentaron un problema médico no acudieron a un establecimiento público. Eso significa que la primera etapa se ganó tendiendo redes, pero la siguiente exige gestión.

Que la inversión pública sea la variable de ajuste no es, en sí mismo, el problema. En 2025, el país llegó a ejecutar cerca de S/ 60.000 millones en inversiones, un volumen que desbordó la capacidad de gestionarlo; toda vez que se habría requerido entre S/ 3.000 y 4.000 millones adicionales de gasto corriente permanente cada año para operar y mantener lo construido. Lo que falla es el reparto. En el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público 2027, el gasto total pasa de S/ 257.562 millones a S/ 266.506 millones, pero los programas y proyectos vinculados a servicios básicos caen de S/ 32.874 millones a S/ 27.506 millones, , lo que representa un retroceso de 16,3%. El recorte alcanza 52,1% en déficit habitacional, 19,9% en salud, 19,3% en agua y saneamiento, 17,4% en vías pavimentadas y 16,3% en locales escolares; solo crece en electricidad. En el nivel subnacional, únicamente Áncash, Ucayali y Arequipa reciben incrementos, y en Pasco, Huánuco, Amazonas, Ayacucho y Huancavelica la reducción supera el 50%.

Esa falta de correspondencia se debe al método de cálculo del presupuesto. La mayoría de pliegos pide sobre la base de lo que ya tiene, y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) determina el presupuesto a asignar en el margen. Con un gasto corriente que absorbe casi dos tercios del total y una base cargada de compromisos permanentes —el costo acumulado de las leyes de gasto en personal aprobadas desde 2022 pasó de 0,3% del PBI a 3,5% previsto para 2027—, el espacio para nuevas prioridades es residual y la inversión termina siendo la variable de ajuste que no distingue qué obra cierra una distancia y cuál no. A ello se suma la capacidad de gasto. La ejecución subnacional deja, cada año, una quinta parte sin ejecutar y la Contraloría registra al cierre de junio de 2026 un total de 2.262 obras paralizadas, la mayor parte a cargo de gobiernos locales, con saldos pendientes por ejecutar por más de S/ 27.548 millones.

Sin embargo, hay una reforma en el propio proyecto que apunta al fondo del problema y que ha pasado casi inadvertida. Los artículos 46 a 50 siguen las recomendaciones de la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este esquema fija primero un límite de gasto multianual compatible con las reglas fiscales. Luego, calcula cuánto cuesta mantener los servicios vigentes. Y, finalmente, define por diferencia el espacio fiscal disponible, que el Consejo de Ministros asigna cada año a prioridades nacionales aprobadas antes del 31 de marzo. Esto permitiría conocer con anticipación cuánto puede destinarse al cierre de distancias y proteger dicho monto de la puja anual entre los sectores de gobierno. Esto regirá desde la formulación del presupuesto 2028.

El complemento consiste en cambiar cómo se programa la inversión y cómo se prestan los servicios. Invierte.pe premia el fierro y el concreto, y castiga el servicio. Un municipio suma losas deportivas, veredas y pequeños puentes con fichas simplificadas que eluden la evaluación de los perfiles de inversión, mientras el sistema de agua del distrito sigue sin cloración y el centro de salud continúa sin médico. Esa atomización, que no cierra brechas y deja obras sin presupuesto para operarlas, se explica porque el planeamiento, el presupuesto y la inversión corren por carriles separados. Carecen de una mirada de desarrollo territorial que ordene la carretera, la red de agua y la escuela en un solo paquete. Un nuevo sistema debería fortalecer la preinversión mediante la evaluación independiente de proyectos complejos, restringir las fichas técnicas, depurar la cartera y programar la inversión por territorio.

El cambio de fondo consiste en pasar de comprar insumos a contratar resultados. Las asociaciones público-privadas que impulsa EsSalud, siguiendo la experiencia de los complejos Barton y Kaelin, condicionan el pago a la disponibilidad y la calidad de las atenciones durante décadas, con un operador privado a cargo del mantenimiento y la gestión. El mismo esquema también cabe para plantas de agua, colegios o vías departamentales.

La Comisión de Alto Nivel para la Mejora de la Gestión de la Inversión Pública que ha convocado el Gobierno, en la cual Milton von Hesse - Director de Hágase Instituto- participa como comisionado, es la oportunidad de encarar estos problemas de raíz, con un mandato para cerrar la brecha entre planeamiento, presupuesto e inversión y llevar la provisión por resultados a donde las distancias son mayores. Al Congreso le corresponde su parte en las próximas semanas: preservar el presupuesto descendente en el texto final, corregir el reparto dentro del techo aprobado y comprometerse a aprobar las reformas que la Comisión proponga. De ese modo, el presupuesto recuperaría la condición de principal herramienta de política pública que ha perdido.