En agosto del 2004, el anunció por todo lo alto la puesta en marcha del proyecto de gas Camisea. El consorcio a cargo de la explotación –integrado en ese momento por la argentina Pluspetrol (27%), la estadounidense Hunt Oil (35,4%), la surcoreana SK Corporation (17,6%), la argentina Tecpetrol (10%) y la argelina Sonatach (10%)– informó que el desembolso en la primera fase del proyecto sumó US$1.700 millones, acaso la inversión más ambiciosa en el campo energético en su momento. 

Sin embargo, el descubrimiento de este yacimiento de gas se remonta a los primeros años de la década de los 80, pero por falta de decisión política su explotación demoró dos décadas. 

EL DESCUBRIMIENTO
De acuerdo con Alberto Ríos, docente de la maestría en Gestión de la Energía de ESÁN, en julio de 1981 la compañía anglo-holandesa Royal Dutch Shell firmó un contrato de prospecciones petrolíferas para los lotes 38 y 42, ambos en la selva cusqueña. Tres años más tarde hace un enorme descubrimiento.

“En marzo de 1984, Shell descubre el gas de Camisea en el pozo exploratorio San Martín 1, en el denominado lote 42, que posteriormente se formaría en los lotes 88A y 88B”. La empresa continuó con sus trabajos y halla más gas en los pozos de Cashiriari y Mípaya (hoy el lote 56). Este descubrimiento ascendió a 8,8 billones de pies cúbicos de reservas probadas, lo que actualmente se conoce como 8,8 TCF, y 587 millones de barriles de líquidos de gas natural. 

Con estos hallazgos, la petrolera buscó en 1986 negociar con el Estado Peruano, en ese entonces bajo la gestión de Alan García, para iniciar las labores de explotación del recurso. Dos años más tarde, en marzo de 1988, Petro-Perú y Shell firman un acuerdo en el que se establecían los términos de un contrato de operaciones para la explotación del gas natural, en el cual se estimaba una  inversión de US$2.500 millones. Sin embargo, cinco meses más tarde el anuncio fue desolador: la negociación del contrato final tuvo que ser concluida por falta de financiamiento del Estado. La empresa europea había desembolsado unos US$200 millones.

En opinión de Juan Incháustegui, ministro de Energía y Minas durante el gobierno de Fernando Belaunde, la decisión del gobierno aprista estuvo influida por otros factores: el principal fue la dura crítica de parte de la Izquierda Unida, una de las agrupaciones de partidos políticos más fuertes de la época.

“En los últimos debates sobre la explotación del gas de Camisea, personas como Henry Pease decían en un foro en el Cusco: ‘Si se llega a hacer ese contrato entreguista, lo primero que haremos cuando lleguemos al poder será rescindirlo para volver a un contrato que respete los intereses del país’. En consecuencia, García estaba impresionado, primero, por el rechazo político y segundo, por el cuestionamiento que iba a recaer sobre él por firmar un contrato que después iba a ser resuelto”, precisó Incháustegui en un artículo de la revista “Perú Económico”.

EL ADIÓS DE SHELL
En los 90, el gobierno buscaba reactivar las negociaciones con la compañía europea. Así en 1994 esta firma con Perú-Petro un convenio para realizar un estudio de factibilidad del proyecto Camisea con el fin de evaluar el potencial de reserva, la viabilidad técnico-económica de la explotación y para elaborar un plan de desarrollo.

En  mayo de 1996, con el estudio aprobado, se firmó un contrato de licencia por 40 años mediante el cual se le otorgaba al consorcio formado por Shell (42,5%) y Mobil (57,5%), el derecho a la explotación de los lotes 88A y 88B. Hasta 1998 este grupo empresarial invirtió unos US$19,5 millones adicionales en la perforación de pozos exploratorios. A partir de ese año, se debería desarrollar el yacimiento, pero Shell-Mobil decidió no continuar con la segunda etapa del proyecto.

En la publicación “La industria del gas natural y su regulación en América Latina”, Humberto Campodónico dio las razones de esta decisión: El consorcio pidió una serie de incentivos al Estado que no fueron aceptadas. “Solicitó la posibilidad de exportar el gas a Brasil y participar en la distribución del gas a Lima”. ¿Por qué hizo estos pedidos? Porque de acuerdo con sus cálculos, la rentabilidad de Camisea –por esos años– llegaba al 8,4%, una cifra que no le permitiría recuperar la inversión en sus plazos deseados. 

Tras las partida del conglomerado, el gobierno pudo negociar con otras empresas de menor tamaño. Así, en el 2000 se adjudica por 40 años la explotación a un consorcio encabezado por Pluspetrol y el transporte y distribución a otro grupo: TGP. Luego, el gobierno de Toledo, con el ministro Jaime Quijandría a la cabeza, se tomó en serio el pleito y le dio el empujón definitivo. El resto de la historia la hemos vivido en esta última década.