Al cierre de la legislatura es evidente que el Congreso de la República ha impuesto medidas que perforan la solidez de las finanzas públicas e intenta aprobar reformas sin un análisis de su viabilidad financiera de largo plazo. Esto indudablemente limita el impacto que pudiera tener la aprobación parcial de facultades legislativas para reactivar la economía. Peor aún, esto ocurre en un contexto de creciente irrelevancia en el que está cayendo la opinión técnica de los organismos públicos especializados y la permisividad de un Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que pareciera haber tirado la toalla y ya no da más la pelea para defender sus fueros.
La reforma integral del sistema de pensiones se viene discutiendo hace años y es un objetivo compartido tener mayor cobertura y pensiones dignas para todos. Esto es crítico luego de que siete retiros del sistema privado de pensiones han dejado a millones de afiliados sin fondos en sus cuentas de capitalización individual. Lo aprobado por el Congreso constituye un avance respecto a intentos previos. Sin embargo, los legisladores han insistido en incluir medidas con efectividad limitada, como la pensión por consumo, y no han identificado cómo financiarán una serie de beneficios adicionales con un costo fiscal permanente y no cuantificado. Indudablemente toda reforma estructural tiene costos, por lo que resulta imprescindible saber el esfuerzo que como sociedad tendremos que encarar a futuro, por supuesto sin minar la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas.
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"Las estimaciones se cuantifican en más de S/ 100.000 millones el costo fiscal de iniciativas legislativas de los últimos 20 años"
Si bien la reconsideración para anular la segunda votación de la reforma previsional ha quedado en suspenso, de aprobarse finalmente y si el Ejecutivo no la observa, lo responsable para no incubar contingencias significativas futuras sería que el MEF adelante la evaluación de cambios paramétricos (como eventuales aumentos en las tasas de aporte) e intente retomar cambios regulatorios en materia laboral para lidiar con el problema de fondo: la elevada informalidad que padece nuestra economía que hace muy excluyente a nuestro sistema previsional. Sin embargo, esto luce altamente improbable y esta agenda continuará siendo diferida.
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Resulta irónico que en este contexto se interpele al MEF por los salvatajes otorgados a la insolvente Petro-Perú y, a la par, se debiliten las cuentas públicas con iniciativas de gasto de todo tipo y aprobando perforaciones a las fuentes de ingresos tributarios, como la reducción del cobro de IGV para las peluquerías, la introducción de nuevas deducciones al Impuesto a la Renta de las personas naturales o la condonación de intereses a los morosos tributarios. Las estimaciones se cuantifican en más de S/100.000 millones el costo fiscal de iniciativas legislativas de los últimos 20 años, sin contar el festín recientemente aprobado. Un agravante adicional es que las nuevas perforaciones tributarias no favorecen a los contribuyentes de menores ingresos, sino que responden más bien a móviles mercantilistas de grupos particulares.
Estamos, pues, ante la peligrosa erosión de la fortaleza de nuestras cuentas públicas incrementando el riesgo de retroceder 30 años cuando el populismo económico dominaba. Urge restablecer la institucionalidad fiscal y el manejo tecnocrático, y tomar conciencia de las nocivas consecuencias de los actos que los políticos vienen adoptando.
