:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/ZATBIK4GZBAVLO3BC5C2KKXY6E.jpg)
MúsicaPor Junior Miani
El proyecto de ley 105-2021 que propone promover los derechos laborales de sindicación, negociación colectiva y huelga ingresó para ser dictaminado por la Comisión de Trabajo del Congreso de la República. La norma de la congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, busca modificar las relaciones laborales entre los dirigentes sindicales y sus empleadores, impidiendo a estos últimos la posibilidad de despedir a los primeros sin tener una autorización del Poder Judicial.
“El empleador no puede poner término al vínculo laboral de los trabajadores amparados por el fuero sindical, sin previa autorización del juez; el trabajador puede afiliarse directamente a la federación de rama de actividad a la que pertenece”, señala la propuesta.
LEE TAMBIÉN: Las Bambas detiene operaciones en su planta concentradora
De este modo, el Poder Judicial será el encargado de decidir si el despido solicitado por los privados tiene sustento o no.
Según argumenta la parlamentaria, la medida busca fortalecer la libertad sindical, previniendo despidos injustificados cuyo único objetivo sea debilitar la masa sindical de la empresa. A pesar de esto, distintas opiniones consultadas para la redacción del dictamen aseguran que la medida o es inviable o debe ser modificada.
Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo señaló que es necesario discutir la norma en el Consejo Nacional de Trabajo. El ministerio, sin embargo, considera que la propuesta ”resulta viable con comentarios”, según el proyecto de ley.
LEE TAMBIÉN: MEF apunta a reestructurar la escala salarial del sector público, incluyendo sueldos de ministros
Por su parte, el Poder Judicial considera inviable la iniciativa. “El juzgador laboral no puede actuar como un mero revisor de todas las actuaciones empresariales que correspondan a la causa justa que motive la resolución del contrato laboral, porque se estaría presumiendo la mala fe del empleador, aun cuando no se presentase una controversia o incertidumbre jurídica por parte del trabajador despedido”, señala la entidad.
“Sobre la afiliación directa de los trabajadores a una federación o confederación indican que la propuesta legislativa no favorecería a la difusión de los sindicatos y, por lo contrario, perjudicaría su propia creación, propagación y masificación”, añade.
Especialistas consultados por El Comercio consideraron que la norma presenta vacíos legales y no especifica qué procedimiento judicial se debe seguir exactamente o cuál es la entidad pública encargada de tramitar los pedidos de despido.
LEE TAMBIÉN: Cerro Lindo: Inacción del Gobierno obliga a la mina a suspender operaciones
“El proyecto no menciona qué pasa [con los plazos a seguir o las entidades encargadas]. Tampoco con el trabajador mientras que el juez dé una decisión, entre que lo que la empresa considera que se cometió una causa grave y no pueda despedirlo. Es una pregunta que debería estar respondida en el proyecto”, afirma Lidia Vílchez, asociada principal del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.
Según los términos establecidos en la medida, la empresa que trate de despedir a un dirigente sindical deberá iniciar un trámite regular en el Poder Judicial. El organismo, al estar saturado de pedidos pendientes, podría tardar años en tomar una decisión. Durante ese tiempo el trabajador sindicado por cometer una falta que ameritaría el despido, podría seguir laborando.
“Hoy el trámite demora dos años porque el Poder Judicial está saturado, hay un colapso de demandas. Entonces, actualmente, un trabajador sindicalizado tiene dos años para ver si regresa a la compañía o no. De aquí, lo propuesto se ha ido al otro extremo, a pedir permiso al juez para despedirlo. Y, de aprobarse, quien robó o acosó, existiendo pruebas, seguirá trabajando”, remarca Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama.
LEE TAMBIÉN: Tarifas eléctricas: Empresas financiarían ampliación de cobertura del FOSE
“Con la sobrecarga que tienen la autorización del Poder Judicial llegaría tarde o nunca”, sentencia Vílchez.
Toyama recomendó que en lugar de esta propuesta se pudiera plantear una iniciativa que priorice los reclamos de trabajadores sindicalizados que consideran que han sido despedidos injustamente. “La solución podría ser un proceso ultra rápido y prioritario en el que el juez decida si está bien justificado o no. Los procesos de despidos de trabajadores sindicalizados y por casos de maternidad deberían ser prioridad”, resalta.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
Seguir temas
Conforme a los criterios de
AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.
