La semana pasada trajo consigo tres importantes pronunciamientos y un pedido internacional. El primer pronunciamiento a resaltar corresponde a los fiscales supremos, superiores y provinciales, que exigen respeto a su autonomía y se manifiestan contrarios al proyecto de eliminación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El segundo es un comunicado de 16 embajadas y delegaciones internacionales con sede en el Perú, que expresan su preocupación frente al proyecto de control extra que se quiere imponer sobre las ONG. El tercero es el pronunciamiento conjunto de gremios empresariales y sindicales contra el proyecto de ley que reduciría sustantivamente el estándar de sanción contra las organizaciones criminales.
El pedido internacional corresponde a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que insta al Estado Peruano a suspender el “trámite legislativo” del proyecto de ley que limita los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Vistos en conjunto, los comunicados son expresión de una fuerte discrepancia con los manejos gubernamentales, manifestada desde ámbitos tan disímiles como influyentes: el Ministerio Público, representaciones extranjeras –incluso de países protagónicos a escala internacional–, gremios empresariales de peso, los más importantes sindicatos de trabajadores y organismos multilaterales del sistema interamericano.
Es relevante para la política nacional el comunicado suscrito por colectividades de empresarios como la Confiep y los sindicatos. El solo hecho de su firma trasluce la gravedad de la situación política y cómo esta se hace palpable en sectores sociales heterogéneos. Es interesante que sea el proyecto de reducción de los estándares de lucha contra el crimen organizado el que los moviliza y los hace tomar iniciativas, porque deja en claro que la actividad ilegal vinculada a la producción o al comercio afecta la vida y la seguridad de todos. Cabe recordar que los trabajadores de construcción civil, a través de su federación, y los empresarios del mismo rubro, a través de Capeco, han sido protagonistas de una intensa lucha contra organizaciones ilegales, a pesar de no contar con apoyo gubernamental.
Siendo cierto que solo con comunicados y demandas no es posible cambiar el rumbo de la política general de un país –menos aún si se trata de la mayoría de un Congreso que tiene como característica identitaria no trabajar sino para su entorno más cercano–, estas influyentes voces de alerta dan fe de una viva impaciencia que no debe minimizarse.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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