La investigación al Sodalicio realizada por Pedro Salinas con la colaboración de Paola Ugaz es uno de los casos emblemáticos, en el ámbito internacional, sobre los abusos cometidos contra jóvenes y niños por instituciones vinculadas a la Iglesia católica. Lo es por rigor periodístico, por la hondura de los hallazgos, y por los efectos que tuvo y aún tiene a nivel eclesiástico, civil y penal. Gracias a Mitad monjes, mitad soldados fue posible que los peruanos constatemos que no fuimos la excepción en una funesta tendencia: la de abusados con el ocultamiento sistémico de parte de Roma.
El caso de Salinas y Ugaz tiene méritos adicionales: no fue el resultado del trabajo de una redacción periodística entera ni contó con los recursos materiales ni documentales a los que es posible acceder en el Primer Mundo. El periodismo hecho con dinero propio y final incierto es un reto mayor que los autores pudieron salvaguardar con base en una constancia ya legendaria. Eso, junto al deseo de verdad y el cuidado metodológico, son las únicas armas de las que disponen los grandes periodistas.
La puntería fue tan fina que era difícil que los sorprendidos no exijan el pago de una factura. Demoró, pero el recibo finalmente fue entregado en forma de una denuncia por difamación.
El responsable de esta venganza en forma de absurdo jurídico no es otro que el arzobispo sodálite de Piura, José María Eguren, quien se sintió herido por alusiones respecto al rol que jugó en dicha sociedad de vida apostólica. Quien desee ahondar en la actuación del demandante puede leer el libro de Salinas y Ugaz o remitirse al testimonio de José Enrique Escardó, quien compone una visión suficiente del llamado “Cura Gordo” en sus escritos.
La otra herida que Eguren resiente es que Salinas haya hecho referencia a las diversas acusaciones periodísticas que mantiene el Sodalicio respecto a tráfico de tierras, pero olvida que la publicación de algo previamente difundido no acarrea responsabilidad penal, como es reconocido por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana. En el caso de Ugaz la ridiculez es mayúscula: se le acusa de producir un documental de Al Jazeera en el que no trabajó.
Podría haber sido este esperpento arzobispal la oportunidad idónea para que el Sodalicio muestre su propósito de enmienda; en cambio, ha fraguado una carta cuya intención es absolver a Eguren e insiste en revictimizar a la víctima, pues Salinas fue una de ellas. Ni Moroni ni Vidal son capaces de medir cuán subterráneos son los sótanos a los que puede descender la institución que, curiosamente, ellos deberían intentar salvar de la ignominia pública.
Los periodistas tienen muchos frentes y el foco de atención es múltiple en un país asaltado por la corrupción. En ese contexto, los enemigos de la libertad de expresión acechan, por lo que es un deber evitar que prosperen en sus avances. Si fallamos, tanto ciudadanos como periodistas veremos maniatada a la república laica.