Los errores que detectó la ONU en la atención del derrame de Repsol

La misión de especialistas de las Naciones Unidas emitió su reporte sobre el derrame de petróleo ocurrido el mes pasado en el terminal multiboyas N° 2 de la refinería La Pampilla, de Repsol, en el mar de Ventanilla. Entre sus principales hallazgos describe un pésimo manejo de la comunicación con las personas afectadas por la contaminación y que, de golpe, perdieron su fuente de trabajo: el mar y las actividades relacionadas a este.

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“Las comunidades no han recibido una información oportuna, precisa y pertinente sobre el impacto del derrame, las acciones de respuesta ni los planes de asistencia humanitaria y de recuperación socioeconómica”, anota la misión.

También señala que no ha podido confirmar mecanismos de retroalimentación y respuestas frente a las necesidades de las personas, ni por parte del Estado ni por Repsol. Además, “desde la perspectiva humanitaria y socieconómica, la respuesta ha sido esporádica y poco organizada”.

Así, describen un trabajo desarticulado de instituciones públicas y privadas para atender a los damnificados, incluso menciona que se sigue empadronando a los pescadores a fin de depurar las listas de la población perjudicada para organizar mejor la distribución de la ayuda, pese al tiempo transcurrido del accidente medioambiental.

“Hasta el 10 de febrero, se observó que el manejo de la información está disperso en lo que se refiere a las acciones que involucran a la población afectada, sin que se pueda identificar al responsable de la conducción de esta, lo que se traduce en un desconcierto y confusión por parte de las comunidades afectadas”.

El director científico de Oceana, Juan Carlos Riveros, señaló que, desde el inicio del desastre, se ignoró a los afectados. “En esta situación, el Estado debe ser un interlocutor con la empresa para que la población reciba una compensación o una ayuda, pero ha estado totalmente ausente”, criticó. Lo que ha habido, agregó, es un caos, donde cada institución trabajaba por su lado.

Según estimó, hay al menos entre 1.500 a 2.000 personas afectadas por el derrame y quienes han perdido la confianza en que el Estado les va a proveer una salvación, por lo que están negociando con la empresa por su cuenta, a fin de conseguir una ayuda.

Recomendaciones

¿Qué hacer frente a esta situación? Los especialistas de Naciones Unidas recomiendan establecer un plan comunicacional intersectorial y conjunto dirigido a las personas afectadas para informar de manera regular y adecuada a la población sobre los avances de la limpieza y los planes de respuesta para las comunidades. “La información debe incluir el impacto sobre las afectaciones y riesgos, acciones en marcha, planes de recuperación ambiental, de asistencia humanitaria y de recuperación socioeconómica, así como los tiempos que tomarán cada una de las fases”, anotan.

En otra parte del documento, los expertos mencionan que hicieron dos sobrevuelos por la zona afectada por el derrame del crudo, el primero el 28 de enero y el segundo el 2 de febrero. En ese lapso observaron que disminuyó la cantidad de petróleo desperdigado gracias a los trabajos de limpieza y la acción de la naturaleza. “Se estima que la situación debe seguir mejorando”, comentaron en uno de los mapas que incluyeron en el documento.

No obstante ello, también advirtieron que en varias playas de arena con un a baja presencia de contaminación, se siguen aplicando las mismas técnicas de recojo del crudo de la etapa inicial. Esto, por ejemplo, lo observaron en la playa Cavero el 27 de enero, cuando al menos 100 obreros estaban trabajando allí, a pesar de que su nivel de contaminación era menor al de las zonas rocosas cercanas.

“La aplicación de las mismas metodologías re recojo en esta segundea fase genera una mayor contaminaciópn, al mezclar la arena no contaminada con arena poco contaminada y removerla de las playas”, explican los expertos.

Indican que, al inicio, el Gobierno tuvo dificultades para establecer el mecanismo para la conducción y coordinación de las acciones de respuesta. Así, agregan que a pesar de las mejoras en la coordinación entre las instituciones y la empresa, “se evidencia la necesidad de que el Estado fortalezca los mecanismos de articulación entre las instituciones y los sistemas normativos del sector ambiental, de la Marina de Guerra del Perú y los de la gestión del riesgo de desastre”.

Asimismo, señalan que como parte del proceso de recuperación, se podría realizar también una evaluacion económica de los daños ambientales, teniendo en cuenta los costos de la limpieza, las actividades de coordinación de las instituciones peruanas, la aplicación de un plan de vigilancia ambiental, los daños al medio ambiente marino y las actividades socioeconómicas (calculadas con la aplicación del plan de vigilancia). “La evaluación económica puede seguir metodologías y criterios adoptados internacionalmente , como los Fondos Internacionales de indemnización por Contaminación de Hidrocarburos (Oil Pollution Compensation Funds-IOPS Funds). El IOPC Funds pone a disposición una serie de manuales útiles para llevar a cabo la compensación de los daños sufridos”, anotan.

El reporte es al 15 de febrero.

La misión de especialistas llegó al Perú después de que nuestro país le solicitara apoyo técnico a Naciones Unidas para evaluar el impacto y las medidas de respuesta frente a lo que se considera el peor desastre ambiental ocurrido en tiempos recientes en Lima.

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