El Poder Judicial del PERÚ manifestó su desacuerdo con la Ley N.° 32330, que fue recientemente anunciada por el Gobierno, permitiendo que jóvenes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos en el sistema penal común cuando cometen delitos graves como homicidio, violación sexual, sicariato o terrorismo.
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A través de un comunicado del Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, el Poder Judicial alertó que esta ley no concuerda con la Constitución ni con los convenios internacionales sobre derechos humanos, ya que ignora la especial situación legal de los adolescentes.
“Esta reforma introduce un enfoque punitivo que desconoce la especial condición de los adolescentes, contraviniendo estándares nacionales e internacionales de protección. La referida norma vulnera, por tanto, el artículo 4 de la Constitución, que exige una protección especial para los adolescentes, y la Cuarta Disposición Final y Transitoria, que obliga a interpretar los derechos fundamentales conforme a los tratados internacionales. Asimismo, contradice la Convención sobre los Derechos del Niño”, afirma el documento.
La Ley 32330 altera el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, permitiendo que individuos de 16 a 18 años asuman la responsabilidad penal como adultos en circunstancias de delitos graves. Aunque establece un sistema de tratamiento diferenciado para jóvenes hasta los 21 años, que incluye elementos educativos y terapéuticos, el Poder Judicial advierte que esta ley compromete el principio del bienestar superior del niño y el principio de no regresión.
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El comunicado también resalta que el Comité de Derechos del Niño de la ONU ha expresado su inquietud ante este tipo de normativas en otros países, sugiriendo que todos los menores de 18 años deberían ser procesados bajo un sistema de justicia juvenil especializado que privilegie la rehabilitación.
En este contexto, el PJ invocó su derecho a ejercer control difuso, lo que les habilita a los jueces a dejar de aplicar la ley en situaciones específicas si contraviene la Constitución.
Finalmente, solicitó la rápida implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y su reglamento, el cual plantea mecanismos de justicia restaurativa, terapéutica y diferenciada, en conformidad con los compromisos internacionales del Estado peruano en relación con la infancia y la adolescencia.
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