MercadosEn abril del 2020, el Ministerio de Salud (Minsa) aprobó el pago de un bono extraordinario de S/720 mensuales para personal de salud que se encontraba en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Si bien en los siguientes meses el universo de personas beneficiadas se amplió a personal de salud expuesto al virus que trabajaba en otras áreas, se detectó que más de S/770 mil se destinaron a personas que no cumplían con los requisitos establecidos por el Minsa.
La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio analizó los informes de la Contraloría de la República y determinó que, desde mediados del 2020 hasta mediados del 2021, al menos 943 trabajadores del sector salud recibieron el bono extraordinario para el personal, sin cumplir con los requisitos.
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Según las resoluciones del Minsa, los criterios para recibir este bono son ser personal de salud expuesto a riesgo de COVID-19, los cuales se encuentran en el Registro Nacional de Personal de la Salud (Inforhus). Se trata de profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales que intervienen en el diagnóstico, tratamiento y manejo de casos sospechosos o confirmados del coronavirus.
Los informes de control revisados indican que los beneficiarios que no debieron recibir el bono eran administrativos, personal que trabajaba a distancia o personal con licencia. En total, la suma otorgada a estas personas es de S/771.200. Algunos de estos trabajadores no solo cobraron el bono una vez, 54 lo hicieron en dos ocasiones, y 38 en tres.
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La Unidad de Periodismo de Datos analizó los informes de la Contraloría de la República y determinó que, desde mediados del 2020 hasta mediados del 2021, al menos 943 trabajadores del sector salud recibieron el bono extraordinario para el personal, sin cumplir con los requisitos.
Criterios por revisar
Carlos Lescano Alva, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi), criticó que el personal administrativo que no está en contacto con los pacientes, y el personal de salud que está haciendo teletrabajo o se encuentra con licencia tenga acceso a este tipo de bonos. “Este incentivo debería ser para quienes realmente estamos en actividad y nos encontramos en constante riesgo frente a pacientes COVID-19. Esta situación preocupa”, expresó.
Desde la Defensoría del Pueblo recalcaron que es muy importante que queden claros cuáles son los criterios de elegibilidad de los beneficiarios. Mónica Callirgos, jefa del Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo, menciona que los criterios pueden ir ampliándose, dependiendo del presupuesto que haya y de la evaluación que la entidad en cuestión realice, pero lo fundamental es trabajar de la mano con la transparencia. “Si tú empiezas a ampliar tu universo de beneficiarios, le tiene que quedar claro al personal de salud quiénes son los beneficiados y qué bases se han cruzado para elegirlos, y eso se debe difundir”, recalca.
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Las entidades que más dinero destinaron a personal que no le correspondía dependen de entidades regionales como el Hospital Nacional Daniel Sánchez Carrión del Callao y la Dirección Regional de Salud de Tumbes.
En algunos casos, las listas de beneficiarios no tenían ni la firma del funcionario responsable de validarlas, lo que ponía en riesgo el análisis de los requisitos del personal incluido. La contraloría ha pedido a las entidades involucradas realizar las investigaciones, pero hasta la fecha no existen resultados.
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(Foto: Renzo Salazar/ GEC)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > RENZO SALAZARDinero en el aire
En sus reportes, la contraloría advirtió que, además de poner en peligro la transparencia, esta situación irregular podría perjudicar la entrega de bonos a quienes sí deben recibirlos.
Existen más de 560.160 soles en bonos sin destino, según denuncias por falta de pago en Puno, Cusco, Huancavelica, Lima, Arequipa y Pasco. “No se ha cumplido estrictamente con la entrega de bonos ofrecidos por el Minsa. Todavía hay personal que no lo ha recibido”, asegura el doctor Lescano.
Además, el presidente de la Sopemi afirmó que tienen problemas con el bono que les brinda Essalud. Desde hace tres meses, se les ha estado descontando el 36% de este dinero sin darles mayor explicación. “Hay una serie de irregularidades: el pago a quienes no corresponden y la deuda con quienes sí hemos ejercido esta atención de pacientes COVID-19”, dijo.
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