Representantes de las organizaciones indígenas de la Amazonía denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los asesinatos y la continua persecución que sufren los defensores indígenas en nuestro país y otras naciones de América Latina.
“A los altos niveles de riesgo que enfrentamos, ahora se agrega la criminalización a la que estamos siendo sometidos. Esta criminalización es muestra de cómo el poder punitivo del Estado es usado arbitrariamente como herramienta para silenciar a los defensores ambientales usando como fachada la legalidad”, denunció Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE).
De esta manera, el dirigente indígena denunció que los abusos cometidos contra los defensores se producen en todos los niveles, los cuales van desde el uso arbitrario del poder punitivo del Estado, amenazas y agresiones físicas hasta casos de desapariciones forzadas y asesinatos.
“Pido a la Comisión Interamericana que exija al Estado peruano la protección a los defensores y la implementación de un protocolo frente ante casos de criminalización”, indicó Ángel Pedro Valerio.
Por su parte, Miguel Guimaraes, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) denunció que durante este año ya se han registrado 35 asesinatos de defensores indígenas, quienes protegían los bosques y territorios amazónicos.
“Somos asesinados por las organizaciones criminales de las economías ilegales como la tala, minería ilegal y el narcotráfico. En noviembre de 2023 fue asesinado el hermano Quinto Inuma, pese a que contaba con medidas de protección por parte del Estado. Por este caso la Comisión Interamericana otorgó en marzo la medida cautelar 110923, pero las autoridades se niegan a implementarla”, denunció.
Solicitó que la CIDH exhorte al Estado peruano para que cumpla con proteger la vida de los defensores indígenas, ya que, a pesar de la situación crítica, las denuncias y evidencias de las amenazas, no toma las medidas correspondientes.
Altas tasas de violencia, criminalización e impunidad.
Esta situación fue reafirmada a partir de los casos presentados de Perú, Colombia, Brasil, México, Bolivia, Honduras y Venezuela, así como organizaciones nacionales, internacionales y regionales, integrantes de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena (ALADTI).
Precisamente, la representante de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Fany Kuiru, indicó que los defensores indígenas, especialmente en la Amazonía, enfrentan altas tasas de violencia, criminalización e impunidad.
“Lo más importante para la COICA es el subregistro de asesinatos de defensores indígenas. Cuando son líderes reconocidos, el asesinato y la amenaza son más visibles, pero los defensores sin mucha visibilidad a veces no son incluidos en los registros de situación de riesgo debido a la desconfianza en los Estados, y terminan siendo un número más entre los asesinados y amenazados”, comentó.
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