Los países de la OEA llegaron a un acuerdo, pendiente de aprobación del plenario, para condenar la crisis de derechos humanos en Nicaragua, durante una asamblea anual en la que Estados Unidos insistió en que los “gobiernos autoritarios” rindan cuentas.
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La comisión general acordó un proyecto de resolución sobre Nicaragua que reclama al gobierno del mandatario Daniel Ortega que “cese toda violación a los derechos humanos y respete los derechos civiles y políticos, como de las libertades religiosas y el Estado de derecho y a que se abstenga de toda forma de intimidación” contra la prensa, las comunidades religiosas y las oenegés.
También le insta a “liberar de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos”, como le han pedido que haga los órganos de la OEA.
La misma comisión presentará en sesión plenaria para su aprobación proyectos de resolución sobre Haití, el cambio climático y la migración de menores.
Paralelamente continúan las sesiones plenarias, en las que varios países como Argentina, Bolivia y México han criticado a la OEA.
Pero Estados Unidos salió en su defensa.
“Varios gobiernos de las Américas están cuestionando la relevancia de la OEA y de la democracia en general, creemos en la democracia y en su capacidad permanente de renovación y revitalización y creemos en la OEA, tanto en su capacidad de mejorar nuestras democracias individuales como de unirnos para resolver problemas”, dijo el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.
El jefe de la diplomacia estadounidense insistió en la necesidad de “seguir llamando la atención sobre las violaciones generalizadas de los derechos humanos perpetradas por gobiernos autoritarios y de buscar formas de exigirles responsabilidades como corresponde y de poner fin a su represión”, sin citar ningún país en particular.
Pero con esto no basta, dijo, porque “tenemos que hacer oír nuestras voces cuando nuestras democracias se apartan de los principios que todos hemos acordado defender”.
Minutos antes, Blinken presidió una reunión ministerial que adoptó un plan para reforzar la salud pública en las Américas durante los próximos siete años.
Este plan contempla un aumento de la inversión en los sistemas sanitarios, que se hallaron bajo fuerte presión durante la pandemia de covid-19, e implica el desarrollo de herramientas digitales y nuevas tecnologías como la inteligencia artificial en las instituciones sanitarias.
Una de las grandes amenazas de salud pública en Estados Unidos es el fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína fabricado por carteles de la droga en México.
Blinken anunció ante la OEA que su país encabezará una “coalición” de países para luchar contra este flagelo.
“Animamos a los países de toda la región a unirse a nosotros en este esfuerzo”, dijo.
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