El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua profundizó su autoritarismo con reformas constitucionales que concentran poder y medidas represivas contra la disidencia, señala el informe de Human Rights Watch (HRW) publicado este miércoles.
El mandatario, de 80 años, en el poder desde 2007, y que gobierna junto a Murillo, ahora designada “copresidenta” por esas enmiendas, ha intensificado la persecución contra críticos incluso en el exilio, mientras sigue desmantelando ONG, medios de comunicación y derechos indígenas, advierte ese informe.
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“Una reforma constitucional radical concentró aún más el poder en el Ejecutivo, mientras que las autoridades continuaron reprimiendo sistemáticamente la disidencia mediante arrestos y procesamientos arbitrarios, desapariciones forzadas, exilios forzados, revocación de ciudadanía y confiscación de bienes”, indica HRW.
En enero del año pasado, la Asamblea Nacional -controlada por el partido gobernante- aprobó una reforma constitucional a través de la cual se designó a Murillo, esposa de Ortega y entonces vicepresidenta, como “copresidenta” y facultó a su presidencia para “coordinar” los poderes judicial y legislativo, según el informe.
HRW recuerda que Ortega ha estado en el poder desde 2007, y que una enmienda constitucional aprobada por el Parlamento en 2014 abolió los límites al mandato presidencial.
Por otro lado, el informe denuncia que Ortega y Murillo continúan atacando todas las formas de disidencia y en 2025 ampliaron la represión para incluir a algunos simpatizantes del gobierno. Hasta octubre se registraban al menos 77 presos políticos.
En agosto, el abogado Carlos Cárdenas y el opositor Mauricio Alonso murieron bajo custodia tras semanas de desaparición forzada, con lo que el número subió a seis desde 2019, alerta HRW.
Asimismo, según el informe, la nueva Constitución permite a las autoridades revocar la nacionalidad nicaragüense a las personas consideradas responsables de “traición”, una disposición que proporciona cobertura legal nacional para una práctica que comenzó en 2023.
Al menos 452 nicaragüenses han sido privados arbitrariamente de su nacionalidad y confiscados sus bienes, añade.
Además, más de 200 miembros del clero católico se han visto obligados a exiliarse, deportados o se les ha negado el reingreso desde 2022. Y entre 2018 y mediados de 2025, 293 periodistas huyeron del país, la segunda cifra más alta de la región.
El informe de HRW también recoge un documento de expertos de la ONU, que asegura que los críticos del gobierno en el extranjero se enfrentan a vigilancia y acoso por parte de las autoridades nicaragüenses y, en ocasiones, a ataques violentos.
Recuerda que en junio, Roberto Samcam, mayor retirado del Ejército y abierto crítico de Ortega, fue asesinado en su domicilio en San José, Costa Rica, tras haber recibido amenazas de muerte vinculadas a agentes de seguridad nicaragüenses.
Desde 2018, al menos siete críticos nicaragüenses en el exilio han sido asesinados o agredidos, según organizaciones nicaragüenses de derechos humanos.
El informe también denuncia que los líderes indígenas y afrodescendientes han enfrentado persecución sistemática, que incluye vigilancia, detenciones arbitrarias, procesamientos y prohibiciones de entrada, y que desde 2023, la Policía arrestó a Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, dos líderes del partido indígena Yatama.
En abril, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU prorrogó el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) por dos años, y en septiembre esos expertos pidieron “mecanismos sólidos de protección para las poblaciones exiliadas e investigaciones exhaustivas sobre la dimensión transnacional de las amenazas que enfrentan”.
Ese grupo ha encontrado motivos razonables para creer que las autoridades han cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinato, encarcelamiento, tortura, violencia sexual, deportación forzada y persecución por motivos políticos.
Y ha instado a los Estados a presentar una demanda contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones de las Convenciones de la ONU sobre apatridia.
Desde 2018, no se ha permitido la entrada a Nicaragua de ningún organismo internacional de vigilancia de los derechos humanos, mientras que el gobierno continuó aislándose de la supervisión multilateral.
