¿Cómo debería defenderse el Congreso ante los ataques del Ejecutivo?

“Palacio de Gobierno ha disparado un misil y este vuela rumbo a la Plaza Bolívar”.

El acta del último Consejo de Ministros que presidió Aníbal Torres busca ser convertida, por el Gobierno, en el acta de defunción del Parlamento. No me cabe duda alguna.

En su acuerdo, el Gabinete Torres se las ha jugado todas. Al declarar que el Congreso ha rechazado “de plano” la cuestión de confianza, sin que esto haya sido manifestado en forma expresa y mediante oficio por el Parlamento –como manda la Ley 31355, sacramentada por el Tribunal Constitucional–, los ministros no solo han violado la ley, sino también la Constitución.

Han interpretado una “denegación fáctica de la confianza 2.0″, pese a que esta posibilidad ha sido suprimida por ley. Castillo, Torres y casi todo su Gabinete decidieron actuar fuera del ordenamiento legal, y ahora no les queda otro derrotero que seguir adelante hasta conseguir disolver inconstitucionalmente el Parlamento. Es decir, deben concluir el golpe de estado que ya iniciaron.

La única ministra que salvó su responsabilidad es la vicepresidenta Dina Boluarte. Ella conoce (al igual que los otros ministros, se supone) el artículo 128 de la Constitución, según el cual “todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el presidente de la República o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente”.

Boluarte salvó su voto y renunció inmediatamente, limpiando un posible camino de sucesión presidencial. Todos los demás ministros y Pedro Castillo pasaron a la condición de transgresores. Si a ello se une la designación de la confrontacional Betssy Chávez Chino como presidenta del Consejo de Ministros, estamos ante un escenario claramente golpista.

Palacio de Gobierno ha disparado el misil y este vuela rumbo a la plaza Bolívar. ¿Qué debe hacer el Parlamento? Salvar la democracia.

Para ello, debe mostrar reflejos y cohesión, especialmente en la oposición, que debe mostrar músculo y no disiparse en tentativas individuales y desordenadas, como lo viene haciendo.

Debe armar una mayoría que permita la salida más clara, más pronta y menos controversial: la vacancia del presidente Castillo por permanente incapacidad moral. La discusión sobre si esta figura alude solo a las facultades mentales de un mandatario o si alcanza también a sus actuaciones ilegales o inconstitucionales queda en lo bizantino considerando que hay antecedentes con Fujimori, Vizcarra y Kuczynski, en los que el Congreso marcó precedentes en el sentido de esto último.

El camino de la denuncia constitucional también es sólido, pues, a no dudarlo, la carta fundamental ha sido claramente violentada por Castillo y sus ministros. Es, sin embargo, un proceso denso, prolongado, y el tiempo corre en favor del Ejecutivo que actúa con premura, consciente de que ha escogido un camino turbio del que solo puede salir bien librado si aplica la política de los hechos consumados.

“Es un momento de unión para evitar que el gobierno de Castillo lleve al Perú a un despeñadero”.

La situación política ha llegado a extremos tales que el diálogo entre Ejecutivo y Legislativo se ha tornado realmente imposible. No cabe un pacto entre ambos poderes del Estado para que se queden todos. Ahí perdemos todos.

Las señales del Gobierno son de confrontación y provocación permanente al Congreso y a otros poderes. Más allá de la invitación de la premier para hablar con las bancadas, simulando voluntad de diálogo, parece que definitivamente buscan el cierre del Congreso para atornillarse en el poder y así blindarse de las investigaciones penales que les pisan los talones. Luego irían por otros poderes e instituciones. Se percibe una imagen que puede ser revertida: la de un Congreso fragmentado y sin clara visión estratégica política. Una que muestra que algunos congresistas solo buscan su permanencia y que otros pocos recurren a manotazos de ahogado en su intento de ejercer control político. La posibilidad de que la nación este sometida a este equilibrio inestable, en medio de una tempestad económica internacional, es de un presagio muy pesimista. Algunos proponen que se vayan todos, lo que me parece poco viable y no resuelve el problema, porque volveríamos al mismo sistema político que nos ha traído a esta crisis. Además, alguien se tiene que quedar para la transición.

Creo más bien que es el momento para que los congresistas depongan sus intereses personales, partidarios o de grupos, y se pongan al servicio del país. Es el momento de enfrentarse a aquellos que, con vocación totalitaria, quieren destruir nuestra democracia. Es un momento de unión, no por supervivencia, sino para evitar que el gobierno de Pedro Castillo lleve al Perú a un despeñadero. Más allá del cúmulo de presuntos actos de corrupción presentados por la fiscal de la Nación, este gobierno ha probado ser muy irresponsable con sus discursos divisorios y una capacidad destructora que debería ser sancionada. Un Gobierno sin políticas públicas relevantes y con una gestión entregada a personas sin idoneidad para el cargo y con pasados cuestionables en todos los niveles de la administración pública. El Congreso debe siempre actuar dentro de los cánones constitucionales y, por ello, el instrumento de ‘ultima ratio’ que está en nuestra Constitución es la vacancia y debe ser aplicada. Luego, seguir la sucesión constitucional que corresponda y, con ello, plantearse la convocatoria a elecciones generales en un año más, tiempo durante el cual, bajo un acuerdo político democrático, se lleven a cabo reformas políticas y electorales que permitan tener unos comicios que lleven a un sistema menos polarizado y fragmentado. Con la posibilidad de reelección parlamentaria, un Senado y varias otras reglas que fortalezcan los balances entre poderes y generen la participación ciudadana en la política a través de los partidos.

En esa transición deberá formarse una coalición de gobierno que convoque a técnicos y políticos dispuestos a revertir el daño institucional perpetrado por este gobierno y que se enfoquen, en el corto tiempo, en implementar políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los peruanos, especialmente de los menos favorecidos.