Pórtense bonito, pecadores, por Janice Seinfeld

Dos episodios recientes podrían dar a entender, espero erróneamente, que el Poder Ejecutivo ha cedido su responsabilidad rectora al Congreso de la República. Textos escolares sobre la “virginidad conservada” para evitar el embarazo adolescente y la aprobación del etiquetado nutricional para fomentar una alimentación más saludable en la población sugieren que el Parlamento busca plantear políticas públicas. Veamos.

Durante meses hemos sido testigos del debate entre la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso y el Ministerio de Salud (Minsa) sobre cómo etiquetar alimentos y bebidas procesados. La primera defendía el semáforo nutricional (rojo, ámbar y verde); el segundo, los octógonos negros. La primera aprobó el semáforo; el segundo observó la ley. Tras reuniones de consenso entre ambas partes, el Congreso aprobó octógonos pero rojos. ¿Por qué tantas idas y vueltas? Porque al incluir este tema en la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, el Congreso le otorgó rango de ley cuando, por competencias, debía ser un asunto reglamentario que definiera el Minsa como ente rector especializado.

Más escandalosa ha sido la denuncia de textos escolares distribuidos en escuelas públicas que consideran una visión parcial de la época de violencia en el país entre los años 1980 y 2000 y contienen artículos que atentan contra la libertad sexual. Inicialmente, el Ministerio de Educación (Minedu) negó la presencia de “contenidos sesgados”, pero eso era ignorar al elefante en la sala.

Cuando la viceministra de Gestión Pedagógica fue preguntada por Ojo Público sobre por qué convocaban a políticos –además de académicos– para revisar estos textos, respondió: “No se olvide de que en el Congreso existe una Comisión de Educación. A ellos los hemos invitado también. La idea es tener variedad de opiniones y ya ve usted cómo han podido aportar a las cuestiones pedagógicas”. (¡!) Es cierto que a dichos talleres se invitó a personalidades de distintas tiendas políticas, pero el acento conservador del material escolar parece ser incuestionable.

Una explicación verosímil parece estar en el tuit de Con Mis Hijos No Te Metas que retuiteó el congresista no agrupado Julio Rosas: “Al parecer el MineduPeru no ha aprendido la lección. ¿Cuántos ministros tendrán que pasar hasta que entiendan la exigencia de los padres de familia?”. Es decir, o el ministro se porta bonito o lo sacamos. Y frente a esta amenaza, todo este escenario cobra sentido. Millones de soles del erario público destinados a promover una ideología, no a educar en diversidad. Son hechos que van más allá de la falta de control de calidad en materiales educativos. Revelan un enfoque que se buscó difundir y que, sorpresivamente, pasó todos los filtros en el Ministerio de Educación. Por fortuna, la actual gestión, con el respaldo del presidente de la República, ha ofrecido corregir este contenido.

Pero el tema de fondo es el siguiente: ¿por qué el Congreso interviene en la elaboración de textos escolares cuando su función es legislar, fiscalizar y representar? ¿Por qué decide qué etiquetado nutricional es mejor para la población? ¿Acaso es eso lo que entiende por “control político”? Su deber, según la Constitución de la República, es plantear marcos legales, mientras que el Ejecutivo elabora los reglamentos que permiten llevarlos a la práctica.

Ejecutivo y Legislativo deben enfocarse en las tareas que les han sido encomendadas orgánicamente. Urge que ordenemos la casa, miremos al elefante directamente y tomemos decisiones en beneficio de todos los peruanos.