Así como la pandemia evidenció la precariedad de nuestro sistema sanitario, reflejado en una alta mortalidad y morbilidad, en el 2026 nos encontramos con un sistema de salud que ha triplicado su presupuesto en la última década y, sin embargo, la atención no ha mejorado. Por el contrario, los problemas se han agudizado: desabastecimiento de medicamentos e insumos, epidemias no controladas, tomógrafos y mamógrafos no operativos, colas por citas médicas y niños con anemia y desnutrición. Además, la población tiene un gasto de bolsillo del 29% en salud. La causa es la continua crisis política de los últimos años, con alta rotación del personal directivo y de niveles claves, falta de meritocracia por favores y copamiento político con intereses personales sin pensar en el bien de la población. Para revertir esta realidad, planteo seis políticas principales.
Rectoría y gobernanza: en la práctica, hay 32 subsistemas de salud: el Ministerio de Salud, Essalud, las Fuerzas Armadas, la PNP, Sisol, el INPE y los 24 gobiernos regionales. Cada uno replica los procesos de gestión del financiamiento y prestación para atender a sus beneficiarios. El Minsa debe asumir su rol rector y dirigir la política de salud donde las instituciones son parte del mismo sistema.
Separar el financiamiento de la prestación de servicios: la propuesta es crear un directorio tipo el del BCR para que administre los fondos de las instituciones públicas y que se mantengan en carteras separadas. Este directorio hace compras conjuntas de medicamentos, insumos y equipos para todas las instituciones según un plan quinquenal. Asimismo, para las instituciones establece metas sanitarias y resultados bajo una gestión basada en mejorar la calidad del gasto.
Sistema unificado de salud: esto impulsa un sistema único a través de la articulación de las diferentes instituciones prestadoras de servicios del sector para un intercambio prestacional organizado en las Redes Integrales de Salud. Es necesario abandonar los presupuestos históricos y establecer un financiamiento estratégico que, bajo un estudio actuarial, permita una prima o el real costo del PEAS, los costos fijos y variables del primer nivel de atención y del tercer nivel para establecer un per cápita real y de GRD con un tarifario común para los prestadores.
Fortalecimiento del primer nivel de atención: la red prestacional está sesgada a lo hospitalario. El primer nivel de atención, que podría resolver el 80% de los problemas de salud de la población, solo recibe el 24% del presupuesto y tiene el 37,5% del total del personal asistencial. Por ello, el 97% de sus más de 8.000 establecimientos presenta una capacidad resolutiva inadecuada e insuficiente por deficiencias en infraestructura, equipamiento y recursos humanos. Debe adoptarse un modelo que priorice el primer nivel de atención, con atención integral, familiar y comunitaria y abordaje territorial y multisectorial, que incluya en mayor proporción condiciones crónicas y no transmisibles. Los hospitales solo atenderían casos complejos. Se deberá recategorizar los establecimientos de salud, reducir su número al consolidarlos y fortalecer los 748 establecimientos estratégicos georreferenciados ya identificados, que funcionarían 24 horas y ofrecerían atención ambulatoria, emergencias y servicios especializados de imágenes y laboratorio.
Sistema holístico de información: se necesita reformar el sistema de información convirtiéndolo en un sistema holístico de inteligencia sanitaria, con una plataforma única e interoperabilidad de sistemas informáticos, estandarización de protocolos de atención, historia electrónica, sistemas de costos, tarifas y gestión de citas y telemedicina. Esto dará la información gerencial necesaria para la formulación de políticas y toma de decisiones, y un seguimiento adecuado de los procesos y el logro de resultados.
Recursos humanos capacitados: se debe establecer una política de recursos humanos con cambios normativos para institucionalizar la meritocracia en el sector, en especial en los altos cargos. También hacer un plan remunerativo único integral pensionable con componentes fijos y variables, y contar con un sistema de incentivos y retención del personal de salud, incluyendo bonos de desempeño y reconocimiento público.
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