El balance de Human Rights Watch, por Ricardo Valdés

La organización internacional Human Rights Watch (HRW), presentó el 17 de diciembre un informe que describe graves violaciones a los derechos humanos en las movilizaciones que ocurrieron entre el 9 y el 15 de noviembre último.

El informe concluye que la Policía Nacional del Perú (PNP) cometió diversos abusos contra los manifestantes. De la narración de los hechos se desprenden varias recomendaciones para el actual gobierno. Comentaré algunas, no sin antes mencionar que estos informes son imprescindibles para el correcto ejercicio del poder democrático.

1. El informe gira en torno a los sucesos que ocurrieron principalmente el 12 y el 14 de noviembre. Se concentra especialmente en Lima y, además, en unas pocas manzanas del Centro. En efecto, ahí se registraron las mayores evidencias del uso excesivo de la fuerza y de munición prohibida. Ello implica, aunque no lo menciona el informe, que la PNP actuó con respeto a la ley y su reglamento en el resto del país, lo que incluye los múltiples distritos de Lima en los que también se produjeron manifestaciones. Debió resaltarse.

Se habla de casi tres millones de manifestantes que alzaron su voz resguardados por las fuerzas policiales. Es importante reconocer al personal policial que cumplió la ley, a la par de reclamar sanciones para quienes las incumplieron. Los culpables deben individualizarse en resguardo de la institución policial.

2. Las abrumadoras evidencias y testimonios recogidos por HRW dan cuenta de uso de proyectiles prohibidos por parte de la PNP. Es atendible la recomendación de una mayor participación del Ministerio Público en el registro de los equipos de control de disturbios, a lo que cabría agregar el registro inopinado de los almacenes para identificar la presencia de munición prohibida.

Sin embargo, el informe de HRW se cuida de precisar que las marchas fueron mayoritariamente pacíficas. Lo que supone un reconocimiento implícito del uso de la violencia por un grupo minoritario de ciudadanos. No se habla abiertamente de ello. Ni de las imágenes que registran el uso de proyectiles, piedras, bombardas y avellanas pirotécnicas, por parte de ciertos manifestantes. La PNP debió identificarlos, detenerlos y procesarlos. No responder con municiones prohibidas. Una lástima que estuviesen inoperativas las cámaras del municipio de Lima.

3. Recomiendan derogar la ley 31012, ley de Protección Policial, promulgada por Merino en marzo del 2020. Es válida la recomendación, pues es una ley innecesaria y peligrosa que pretende eliminar la proporcionalidad en el uso de la fuerza. La proporcionalidad es indesligable de los principios de legalidad y necesidad. Estos principios son muy importantes para no contravenir las normas internacionales. Más aún cuando la norma nacional establece claramente que la proporcionalidad no supone igualdad de medios. No olvidemos que el uso reglamentario de un arma de fuego es constitucional.

4. HRW llama la atención sobre la inoperancia de las instituciones que deben impartir justicia en la policía. La demora en las investigaciones es injustificable. Pero hay un tema de fondo. Por un tema de neutralidad, los generales deben ser investigados por Asuntos Internos del Ministerio del Interior y no por la Inspectoría de la PNP. Pero si la alta dirección del Ministerio es ejercida por generales en retiro, estos difícilmente procesarán a otros generales. Eso es parte del costo de haber perdido, hasta hoy, el contrapeso civil en la cartera.

En síntesis, se trata de un valioso informe, con datos puntuales y duros, y con recomendaciones a seguir, pero que deben ser puestos en balance y perspectiva.