El gobierno y la hoja de coca ilegal

La historia reciente nos enseñó que la defensa de la coca destinada al narcotráfico da réditos políticos. En el Perú varios dirigentes cocaleros lograron ser congresistas, alcaldes, regidores y consejeros, engañando a los agricultores con la defensa de lo indefendible. En Bolivia la carrera política de Evo Morales se encumbró cuando lideró las protestas contra la erradicación de la coca. Duró 13 años como presidente porque, a la bandera de la coca, incorporó la nacionalización de las empresas, la asamblea constituyente, etc. La base social que movilizó para estos fines fue, principalmente, a los campesinos de las zonas cocaleras.

Es cierto que ver a los productores de coca como un gran bolsón electoral es un mito. Haciendo cálculos gruesos podrían ser unas 400 mil familias distribuidas en 14 regiones. Sin embargo, la característica más importante que tienen es la facilidad para movilizarse. Y no solo en defensa de la coca, la agenda también puede ser política. Una marcha de cinco mil cocaleros del Vraem, como se observó en varias ocasiones, sin duda inclinaría la balanza. ¿Será esto lo que pretende el Gobierno y sus operadores?

Veamos. Devida, institución rectora en la lucha contra las drogas, ha caído en la lógica de las cuotas de poder. Quien maneja tras bambalinas esta institución, ironías de la vida, es el congresista Guillermo Bermejo. Su operador de turno es el actual jefe de Devida, Ricardo Soberón, quien, a su vez, de facto ha entregado las cuatro oficinas que tiene Devida en el Vraem a Julián Pérez, defensor radical de la coca ilegal. Bajo esta lógica los tres mosqueteros están prometiendo la legalización de la coca a través de un nuevo empadronamiento, para lo cual trabajaron en equipo un proyecto de ley. Asimismo, están anunciando, promesa hecha en campaña, la decisión de Devida de no erradicar en el Vraem. Adicionalmente, para guardar las apariencias y decir que tienen un plan y, además, para tener apoyo externo, han contrabandeado el concepto de ‘control social’ del modelo de comercialización de la coca boliviana. Aquí lo bautizaron como ‘Pacto Social Ciudadano’ (PSC).

En suma, el PSC es una larga lista de buenas intenciones que comienza con una invitación al campesino para que, de manera voluntaria, autoerradique su coca, a cambio el Gobierno pagaría el jornal y les proveería –no se sabe de dónde sacarán el presupuesto– los servicios básicos. Sin duda que el cierre de brechas es una materia urgente en todas las cuencas cocaleras, y el Gobierno debe cumplir no por la condición de ser cocalero, sino por el derecho natural que les asiste. El abandono histórico a las regiones castigadas con cultivos ilegales las ha convertido en presas fáciles del discurso radical. Sin embargo, lo que están haciendo estos tres personajes es generar expectativas que no podrán cumplir, con lo que el resentimiento irá fermentando aún más como viene ocurriendo en tantos otros ámbitos del Gobierno.

Además, la propuesta de la autoerradicación no es nueva. Con muchos más beneficios (estipendios mensuales de S/600 por tres años) se aplicó precisamente en el Vraem durante el gobierno de Ollanta Humala y fracasó. Lo que el señor Soberón no dice es que el PSC se desarrolló en Bolivia para controlar la coca destinada para el mercado tradicional, es decir, para asegurar el ‘picchado’ de cuatro millones de bolivianos. Lo que no dicen es que en este país la coca es un producto fiscalizado y sometido a un rígido sistema de control. Los productores de coca de las zonas autorizadas están empadronados y biometrizados. Lo excedentario es erradicado compulsivamente por el Ejército o las mismas organizaciones. Todo esto incluye el concepto de ‘control social’ boliviano. Algunos aspectos de este modelo podrían ser válidos, pero en las zonas de producción tradicional y con los campesinos empadronados que, como sabemos, el 80% de ellos están en Cusco. El PSC se pretende ejecutar en el Vraem donde el 98% de la coca es ilegal y está articulada a la cocaína.

El norte del Vraem es la zona de mayor expansión del narcotráfico. En territorio de las comunidades nativas están instalando la narco coca (más de 10 mil hectáreas, según Devida) y procesando cocaína. Días atrás fue asesinado un dirigente nativo que promovía el desarrollo. Entonces, señores de Devida, siguiendo la lógica de vuestro PSC, ¿cómo le pedirán a los asháninkas que se autoerradiquen si la coca en sus territorios no les pertenece? ¿Acaso no se han enterado de que los narcotraficantes están asesinando a los nativos precisamente cuando defienden sus territorios? ¿Si firman el PSC con los cocaleros ilegales no estarían legalizando la invasión? La actitud del primer ministro Aníbal Torres en la Mesa Técnica del Vraem realizada en Pangoa (Junín) nos recordó, nuevamente, que para este Gobierno también los nativos son ciudadanos de segunda categoría.

La promesa de legalizar toda la coca, la decisión de no erradicar en el Vraem, el PSC –que en los hechos es la castración de la lucha contra las drogas– y la conversión de Devida en una organización cocalera, son signos que ponen en evidencia que alguien estaría cruzado la línea.