Justicia intercultural contra la violencia de género

El Perú es un país complejo para ser mujer. Año tras año, las cifras de violencia contra mujeres y niñas sorprenden por su magnitud. Durante los primeros nueve meses del 2022, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables atendieron 101.752 casos a nivel nacional, lo que equivale a aproximadamente 372 casos al día. Las cifras representan solamente los casos que se reportan, que se estima son solo un 30% de los casos reales de violencia.

Esta crisis con la que convivimos a diario pone severamente en riesgo las posibilidades de desarrollo de mujeres y niñas en el país. Atender y prevenir la violencia requiere de un enfoque en las mujeres, entendiendo las condiciones diversas en las que se desenvuelven, como en dónde viven, cuáles son sus posibilidades de acceso a servicios públicos y programas de protección social, o qué idioma hablan.

Hay realidades que no podemos pasar por alto: los porcentajes de violencias (física, sexual y psicológica) son consistentemente mayores contra las mujeres que tienen un primer idioma distinto al castellano o que son miembros de pueblos indígenas. De acuerdo con el censo del 2017, estamos hablando de millones de mujeres que se encuentran viviendo con estas características que les generan condiciones de vulnerabilidad particulares. Muchas, además, viven en zonas rurales en las que el acceso a servicios o instancias del Estado, como las que tienen el mandato de impartir justicia, se hace complicado.

El acceso a la justicia es un derecho fundamental. Para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres rurales, deben poder acceder a una justicia descentralizada e intercultural que considere sus necesidades particulares y en la que la atención se pueda dar en su propio idioma. En ese sentido, la figura de los jueces de paz en zonas rurales resulta clave para atender los casos de violencia.

Los jueces de paz son personas elegidas por sus comunidades a través del voto popular. Ejercen una labor voluntaria, ‘ad honorem’, actuando como representantes de la justicia en las zonas en donde las instancias estatales no llegan con facilidad. Como parte del Poder Judicial, están facultados para conciliar conflictos familiares (excepto en casos de violencia), sociales y comunitarios que amenacen la paz en las comunidades, de acuerdo con su criterio y cultura.

Así, se procura que la justicia llegue a las mujeres con un enfoque intercultural; de parte de una persona que se sienta cercana y con la que se puedan identificar. Esto resulta especialmente importante en situaciones de violencia basada en género que, aun así, son muy difíciles de denunciar por parte de las víctimas. En un país en el que el 80% de los casos que se atendieron en los CEM en el 2022 fueron reincidentes, es clave que la experiencia de reportar un caso sea lo más cercana y respetuosa posible, y así impulsar a que más mujeres se animen a alzar la voz.

Pero aún hay camino que recorrer para poder fortalecer la figura de la justicia de paz en la atención de casos de violencia basada en género. Jueces de paz deben poder acceder a capacitaciones constantes sobre enfoque de género y su aplicación en sus labores para asegurar siempre una atención libre de estereotipos y que no incurra en la revictimización de las mujeres que denuncian.

Al trabajar de manera descentralizada, respetando la cultura de las comunidades, contribuimos en el esfuerzo por eliminar la violencia contra las mujeres. Todas las personas que forman parte del circuito de atención a la violencia deben aspirar a generar la confianza necesaria en las mujeres para exigir una vida libre de violencia. Así, podremos avanzar hacia un Perú en el que mujeres y niñas puedan vivir sin miedo, aportando a su desarrollo y el de sus comunidades en libertad.