(Foto: GEC)
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Carlos Escaffi Rubio

Gerente general de IMAGINACCION Perú

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Es sabido que la actual contingencia sanitaria golpeó duramente al sector privado, minando su capacidad productiva y este, como era previsible, tuvo que recurrir a medidas que permitieran su sostenibilidad. En algunos casos, por más esfuerzos y reinvenciones, no les quedó otra opción más que cerrar. La situación generó una no menor depresión económica y, como era lógico, un déficit fiscal.

Según el reciente Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024, se espera un incremento transitorio del déficit fiscal de 10,7% del PBI (desde 1,6% en el 2019). En consecuencia, el país podría disponer de un conjunto de elementos para mejorar la eficiencia del gasto público y el incremento de los ingresos fiscales permanentes.

Por el lado del gasto público, la modulación del crecimiento y de los recursos que se podrían ganar al reducir ineficiencias, habilitarían espacios que contribuyan al proceso de consolidación fiscal. En materia tributaria, se aprecia mucho espacio para poder incrementar los ingresos fiscales permanentes. Y es que la presión tributaria del Gobierno en el 2019 fue de 16,9% del PBI, encontrándose por debajo del promedio de América Latina (23,2% del PBI).

Ante esto, existen múltiples fuentes que podrían incrementar la recaudación, enfocadas en ampliar y diversificar la base tributaria a través del perfeccionamiento de los regímenes tributarios y, sobre todo, de apostar de una vez por la formalización de las micro y pequeñas empresas.

Emprendimiento no tiene porqué seguir siendo sinónimo de informalidad, con un marco tributario que entienda las particularidades en las que se mueven los que han hecho que el Perú siga avanzando y generando empleos e ingresos.

Si bien es entendible que el Estado establezca la necesidad de conducir las cuentas fiscales hacia niveles sostenibles, deberá también combatir la informalidad, mejorar los índices de recaudación del IGV y del impuesto a la renta, corregir las exoneraciones tributarias poco efectivas y mejorar los sistemas de registro patrimonial. Esto, sin vulnerar los principios de suficiencia, eficiencia, equidad, neutralidad y simplicidad del sistema tributario, reduciendo también los costos de cumplimiento.

En concordancia con lo anterior, es necesario mencionar a la OCDE, que propone una serie de medidas para reforzar la certeza fiscal y la predictibilidad en materia tributaria para así garantizar la seguridad jurídica. Y es que la OCDE, foro al que aspira ingresar el Perú, resalta que uno de los temas que más afecta la seguridad jurídica de un país es el frecuente cambio de tributos. Por ello, recomienda una mayor transparencia en la aprobación y modificación de normas tributarias, eliminando cambios inesperados y sorpresivos; y, sobre todo, basando la decisión en criterios técnicos.

Por tanto, lo importante en cuanto a predictibilidad tributaria es el debate técnico, y la urgente necesidad de saber cuándo, cómo y la razón del porcentaje. Lo que no puede seguir ocurriendo es que los cambios se hagan de manera impredecible y a último momento. Así, la industria puede ajustar sus planes de inversión a un nuevo escenario tributario.

Para seguir siendo un destino atractivo de inversión extranjera, se requiere predictibilidad tributaria y jurídica, que deberían estar alineadas a las recomendaciones de la OCDE en materia fiscal y, por cierto, entendiendo el impacto que ha tenido en las empresas.

Así las cosas, nunca estará demás preguntarse o reflexionar si el objetivo del ISC es desincentivar el consumo o hacer caja ante una débil recaudación. Y es que, el fundamento teórico de su aplicación es el objetivo fiscal, ese que señala que son herramientas para mejorar la equidad vertical, es decir, afectar con más carga impositiva al que exterioriza mayor capacidad contributiva. Aunque también está, el objetivo extrafiscal, ese que permite la corrección de externalidades negativas.

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