Calidad en jaque

En los programas de alimentación escolar liderados por el Estado Peruano se ha optado por esquemas de licitaciones donde un privado produce los alimentos. En el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa), el Estado compraba, almacenaba y distribuía esos alimentos; en Qali Warma, compraba a mayoristas, quienes los almacenaban y distribuían a los colegios. En ambos casos vimos cómo proveedores corruptos se ponían de acuerdo para postular y dividirse el mercado, y cómo, para ganar más dinero, ofrecían productos de pésima calidad. En cualquier parte del mundo, tener un programa de alimentación escolar eficiente pasa no solo por tener un buen ejecutor –en nuestro caso, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis)–, sino un sistema de calidad sólido.

Qali Warma, hoy Wasi Mikuna, tenía un objetivo doble concreto: atención en clase y asistencia. No buscaba mejorar su aprendizaje ni luchar contra la anemia, porque la prevención y el control de esta última se enfocan en niños menores de tres años, y los programas de alimentación escolar están destinados a niños a partir de los 3 años. Wasi Mikuna busca que el niño atienda en clase. Y como efecto colateral beneficioso, disminuye la deserción escolar, sobre todo en las zonas más pobres.

En el 2012 el Gobierno desactivó el Pronaa porque se había convertido en un programa logístico y no de complementación alimentaria, no cumplía con las entregas aprobadas en calidad, cantidad y oportunidad. Además, los medios habían denunciado compras sobrevaloradas, alimentos vencidos o mal almacenados e intoxicaciones. En su remplazo se creó Qali Warma y se comenzó a poner controles para evitar que sucediera lo mismo.

Hoy, 13 años después, estamos igual, pero con un elemento adicional. En ese entonces las latas de comida venían con la etiqueta del Pronaa, con lo que el consumidor no sabía quién producía el alimento. Con Qali Warma se dispuso que el proveedor apareciera en las etiquetas. Eso llevó a que algunas grandes empresas crearan marcas ad hoc para este programa, con el fin de evitar que un potencial escándalo de malos alimentos afectara la reputación de su marca “comercial”. Es indudable que las mejores marcas del mercado deberían participar en los programas sociales, porque además para ellas es muy rentable, pero solo si los controles de calidad funcionan.

El Instituto Nacional de Calidad (Inacal) certifica al laboratorio que revisa si el producto hidrobiológico que se ofrece a los escolares –las latas de comida que reciben– está en buen estado y es de buena calidad. Los productos que intoxicaron hace una semana a más de 80 escolares en Piura provenían de un laboratorio acreditado por el Inacal. ¿Qué está acreditando hoy esta entidad? ¿Dónde están sus autoridades, que brillan por su ausencia? ¿Y dónde están también los representantes de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes), encargados de garantizar la inocuidad de los productos pesqueros y acuícolas? O la Sanipes no está haciendo bien su trabajo o el laboratorio acreditado por el Inacal no es el correcto. Y este es un problema mucho más amplio si entendemos que es esta misma ausencia de controles de calidad eficientes lo que explica desgracias como las del suero en mal estado de Medifarma.

Dado que la corrupción está al más alto nivel y extendida en distintos actores que forman parte de la cadena de Wasi Mikuna, es marginal lo que se puede lograr con cambios en este programa. Garantizar alimentos inocuos para los niños implica que el Estado revise su sistema de calidad de forma integral. Es iluso esperarlo de un gobierno débil, enfocado en sobrevivir hasta el próximo año y cuyas máximas autoridades han tenido puestos claves en el Midis y en Qali Warma. Pero es ahí donde tenemos que centrar nuestra atención.