El aumento del número de conflictos de competencias no solo entre poderes del Estado sino en el interior de cada poder hace que los peruanos estemos cada vez más confundidos sobre quién está sobre quién y quién por debajo de quién. Esta confusión es parte de otra mayor, en la que no pocos representantes de la función pública, de arriba hacia abajo, se sienten por encima de la ley y la Constitución.
Ahora resulta que los presidentes de las cortes superiores y los profesores de derecho alzan a priori su voz de alerta sobre el proceso disciplinario abierto por la Junta Nacional de Justicia contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, por su participación en una sentencia basada en una ley derogada, es decir, fuera de vigencia.
La Junta Nacional de Justicia, en su composición anterior, destituyó a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, alterando, según alegato de sus abogados, las reglas de la legítima defensa y del debido proceso, por lo que la magistrada podría ser reivindicada en sus funciones. El coro de voces, en aquella oportunidad, acompañó la controvertida decisión de la JNJ. Esta pareció más la consumación de una consigna que la ejecución de un fallo realmente razonable.
La afectación a la institucionalidad y al Estado de derecho no radica en cuán acertada o equivocada sea una resolución de la JNJ, que por último podría ser apelada, sino en cuán ignorada y rechazada a priori pueda ser su competencia para investigar y sancionar a magistrados a los que también tiene la facultad de nombrar y evaluar.
La doctora Benavides tuvo que acatar, en su momento, el llamado a disciplina de la JNJ, como tendrá que hacerlo hoy la doctora Tello. Tanto es así que ninguna de ellas puede rehuir un proceso sancionador en la fiscalía, Poder Judicial o Congreso.
El salto a la ley, a la Constitución y a las jerarquías no está a la vista solo en los ámbitos fiscales y judiciales, donde nadie quiere hacer control de daño hacia adentro. Lo percibimos también en el Ejecutivo, pues de la noche a la mañana la eficiente y solvente autonomía de Legado, la mejor infraestructura deportiva que ha tenido el Perú en su historia, pasa a formar parte dependiente del Instituto Peruano del Deporte (IPD). Lo insólito es que quien aparece como responsable político es el más alto funcionario del IPD, Federico Tong, y no quienes debieran serlo: el ministro de Educación, Morgan Quero; el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; o la propia presidenta Dina Boluarte.
La defensa de nuestra precaria institucionalidad pasa asimismo por reconocer que el primer problema del país es la inseguridad, en una dimensión de criminalidad organizada que reclama un claro y efectivo liderazgo de Estado, encabezado por Boluarte, y no restringido, como ahora, a las líneas de mando cruzadas del Ministerio del Interior, Servicios de Inteligencia y PNP, en el marco de inútiles estados de emergencia.
Así vamos camino al colapso institucional, sin que se les mueva una ceja a quienes tienen, bajo caótico fuego, la sartén del poder por el mango.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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