¿Qué debemos esperar este último año del Ejecutivo y Legislativo?

Congresos y administraciones anteriores se caracterizaron por aprobar proyectos de ley altamente cuestionados y en muchos casos económicos, entre gallos y medianoche. Era común que las sesiones del Congreso se extendieran hasta las madrugadas, por lo que los peruanos amanecíamos siempre con novedades y cambios –en algunos casos sustanciales– en los textos revisados por las comisiones del Congreso.

Hoy eso ha cambiado. El actual Congreso ha aprobado leyes sin extender las sesiones en demasía y en el análisis (técnico) previo a la discusión plenaria se omitieron las opiniones de instituciones como el Banco Central de Reserva, el MEF, la SBS y otros. El reglamento prepublicado sobre el uso de los símbolos patrios es prueba de ello, y así también, la norma que, de ser aprobada, permitiría que la experiencia congresal sea suficiente para ocupar puestos técnicos en ministerios. Otras temáticas más bien positivas, como la eliminación de los topes de las tasas de interés, no vieron la luz. Esto último, a pesar de que el presidente de la Comisión de Economía, Ilich López, anunció que lo respaldaría.

Desde el Ejecutivo la situación no ha sido tan distinta. El incremento sostenido del gasto corriente, el anuncio de un nuevo crédito suplemento y el reciente aumento del sueldo de la presidenta Dina Boluarte son ejemplos que no necesitan mayores explicaciones. Y, aunque el MEF ha anunciado hace poco que ya no cambiará la regla fiscal este año, lo que es una buena noticia, la segunda parte del 2025 servirá para medir cuánta voluntad existe en la difícil tarea de cuidar las cuentas fiscales.

A menos de un año de las elecciones generales que renovarán nuestro sistema político, queda aún un largo trecho por delante para el gobierno y el Parlamento. Si el pasado es un predictor del comportamiento futuro, cabe esperar muy poco de un Ejecutivo que ha tenido como prioridad sobrevivir (y, ya que estaban por ahí, usufructuar el poder) y que poco o nada ha hecho por enfrentar los principales problemas del país. Ha sido tal la ausencia de liderazgo e iniciativa que nunca en nuestra historia hemos tenido una autoridad tan impopular y al mismo tiempo ajena a las responsabilidades que su cargo le exigía.

Así que difícilmente debamos esperar algo distinto por ese lado.

De donde sí esperamos que no se haga más daño es por parte del Congreso. En un informe que publicamos en Transparencia a fines del año pasado, desde julio del 2021 hasta entonces habíamos identificado por lo menos 20 leyes o iniciativas que representaban un retroceso en la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad, en avances en materia educativa, y en defensa de la libertad y la democracia. Algo que fue reiterado en el informe de Human Rights Watch publicado hace poco y que, sin duda, explica que organizaciones como V-Dem nos coloquen en una franca vía de autocratización.

De manera crucial, uno de los obstáculos que dilata esa erosión democrática es la calidad de nuestro sistema electoral, como el índice anual del semanario inglés “The Economist” lo recuerda. Es por ello que en estos meses que quedan hasta el 12 de abril, debemos mantener la vigilancia ciudadana para asegurar que cualquier intento, directo o indirecto, por interferir en el proceso electoral no tenga éxito. Desde el Congreso, intentos relacionados con la composición de la Junta Nacional de Justicia y reformas legales sobre el modo de elección del presidente del Jurado Nacional de Elecciones parecen haber apuntado en esa dirección, sin haber prosperado. Pero no por ello cabe bajar la guardia.