El Congreso sigue acumulando iniciativas en beneficio propio. Pese a que ya lograron aprobar la opción de reelegirse, los ánimos para legislar como si no hubiese mañana, lejos de disiparse, parecen haberse acomodado a un ritmo de impunidad con pocos precedentes en la historia parlamentaria.
El ejemplo que mejor grafica esta situación es la propia figura de la reelección. Mientras que los congresistas aseguraron poder mantenerse en sus cargos (incluso habilitando que los más jóvenes puedan acceder al Senado), no ha sucedido lo mismo con los alcaldes y gobernadores. El debate de la reforma constitucional para la reelección de autoridades subnacionales viene postergándose, semana tras semana, desde diciembre del 2023, cuando se aprobó su dictamen.
¿A qué se debe esta resistencia? La respuesta puede estar en la reciente denuncia de “Punto final” (Latina) en la que se reveló que el congresista Darwin Espinoza usa a personal de su despacho para recolectar firmas en busca de inscribir su propio movimiento regional. Habilitar la reelección de autoridades subnacionales implica ampliar la competencia electoral de aquellos congresistas que ya están pensando en escalar como autoridades locales o regionales para el 2026.
En esa misma línea, encaja que la Comisión de Constitución se haya negado a dictaminar la eliminación de los movimientos regionales y, en cambio, solo haya apostado por cambiar la valla de requisitos para mantener la inscripción de estos.
Los congresistas parecen no entender que en la legislación debe primar el bien común. No corresponde colgarse de este para impulsar intereses propios. Por ejemplo, la iniciativa original que permitía la contratación de exmiembros de las FF.AA. y PNP habilitándolos a recibir una pensión y una remuneración era algo acorde a la realidad, pero no incluía a autoridades de elección popular. Fueron los mismos congresistas los que incluyeron esta última posibilidad, lo que benefició a los actuales cuatro legisladores que han pertenecido a la PNP o a las FF.AA.
Y así podemos seguir con ejemplos, como el congresista Paul Gutiérrez, que impulsaba un proyecto que anularía la pensión por alimentos de su hija. O el congresista Alex Paredes Gonzales, que acaba de lograr que se apruebe el proyecto para reincorporar docentes interinos cesados, una iniciativa que buscaba aprobar desde el 2019 cuando era decano nacional del Colegio de Profesores del Perú.
Conforme se acerca la temporada electoral, se van aclarando los intereses de los legisladores y la repercusión que esto tiene en la agenda legislativa. Una agenda en la que los parlamentarios no dejan de verse en el espejo antes de pensar en el país para definir sus prioridades.
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