No me atarantes, compadre

Los dictadores y los autócratas suelen ser poco tolerantes a la crítica. Por ello, una de las primeras libertades que se limitan en este tipo de gobiernos es la libertad de expresión. Se silencia a los opositores, a quienes se les persigue penalmente, y se busca limitar la actuación de la prensa. Y es que el rol de una prensa libre es crucial para mantener el ejercicio del poder a raya y evitar que se cometan abusos. Porque el poder puede utilizarse para hacer el bien, pero puede también ser utilizado para hacer el mal.

El poder suele hacer perder la perspectiva a quien lo ejerce y, por ello, esa persona llega a creer que su visión –e intereses– son los únicos válidos y, por lo tanto, deben ser impuestos. Esta es una de las razones por las que surge la división de poderes, cuando se entendió que el poder concentrado en una persona era un riesgo para las libertades de los ciudadanos. En consecuencia, cada poder del Estado debe limitar al otro. Porque, además, el poder genera grandes tentaciones, no por nada aquello de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.

Es sabido que el poder político se ampara en el Poder Judicial para perseguir a aquellos que les son incómodos y también, cómo no, para enviar mensajes a quienes se han atrevido a cuestionarlos. Un claro ejemplo es lo que viene ocurriendo con Ricardo Briceño. La fiscalía lo persigue porque desde la Confiep se osó lanzar una campaña que defendía la libertad económica. Trece años después, el empresario sigue siendo perseguido judicialmente, limitando así el ejercicio de sus derechos políticos como ciudadano. Pero es, además, un claro mensaje a los empresarios peruanos: “Calladitos se ven más bonitos”.

Es una realidad que en el Perú los intereses informales y las economías ilegales han logrado poner representantes en los poderes del Estado y en los gobiernos subnacionales. En los últimos años hemos visto cómo esta representación de intereses ilegítimos que atentan contra el desarrollo del país se ha normalizado. Los servidores públicos, sean estos congresistas, jueces, fiscales, funcionarios del Ejecutivo o de gobiernos subnacionales, están respondiendo a estos intereses impunemente, con absoluta soltura y sin vergüenza alguna. Y lo seguirán haciendo en la medida en que no levantemos la voz y los enfrentemos.

Hace unos días, en el foro “Liderazgo empresarial: factor clave en el desarrollo del país”, organizado por Capitalismo Consciente Perú, Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de minera Poderosa, cuestionó firme y valientemente al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, por sus nexos con la minería ilegal. Nexos que han sido ampliamente difundidos y demostrados en los medios de comunicación. Este cuestionamiento forma parte del ejercicio de ciudadanía. Salhuana respondió amenazando a De la Flor con denunciarlo penalmente por difamación agravada. Demostrando así cómo el titular del Parlamento busca utilizar al Poder Judicial para criminalizar los cuestionamientos a su desempeño y el del Poder Legislativo.

Los intereses ilegítimos y la criminalidad organizada se benefician de la impunidad y el silencio de los ciudadanos, y por ello amenazan a quienes los cuestionan. Es momento de perder el miedo y recuperar el país. Esta vez no podemos callar.