(Ilustración: Giovanni Tazza).
(Ilustración: Giovanni Tazza).
Javier Díaz-Albertini

Según lo que algunos expresaron en la reciente edición de , funcionarios del Estado peruano están arremetiendo contra la libertad individual al imponer lo que llamaré una “ideología de transparencia”. Con ella se pretende que todo trato económico con el Estado esté abierto al escrutinio público y que los corruptos de toda condición y sector sean ejemplarmente castigados. Se dijo que esto constituye una peligrosa corriente de pensamiento porque se está exagerando y la persecución jurídica limita la libertad de empresa.

Lo que se nos da a entender es que los mejores negocios siempre son asuntos entre dos e imponer un “tercero” es caldo de cultivo de la ineficiencia. Por ello, la contraloría, las fiscalías anticorrupción y las organizaciones de los ciudadanos, entre otros obstaculizadores, atentan contra la forma natural de hacer negocios. No solo eso, sino que –como dijo un vocero de los empresarios– se está convirtiendo en una “campaña de destrucción contra el sector privado”.

Acto continuo, se insiste que es una práctica o ideología promovida por esos eternos desestabilizadores, normalmente agrupados en ONG, que viven de la cooperación internacional. En pocas palabras, son perros del hortelano, como dijo hace años un ex presidente ahora también “perseguido judicialmente”. Algunos inclusive van más allá y anuncian que un golpe de Estado está ad portas.

¿Cómo explicamos que actualmente haya tanta presión hacia la empresa? En los años 50 se hizo popular el dicho en inglés “It takes two to tango” que podríamos traducir sueltamente como “Es cosa de dos”. Y así es la . Eso lo dijo con toda claridad el presidente cuando clausuró CADE. En la mayoría de los casos recientes más sonados, los que bailaron fueron representantes del Estado con personas ligadas a empresas privadas.

Volviendo a la analogía del tango, en un baile normalmente una de las personas “lleva” a la otra, es decir, tiene la iniciativa. Mientras que en la corrupción fujimontesinista la iniciativa la tuvieron representantes del gobierno, en el ciclo que se inicia con el nuevo milenio, el sector empresarial privado tomó la batuta.

Pongámonos cínicos y veamos qué supuestas ventajas trae la corrupción:

En primer lugar, promueve la eficiencia. Ya no es necesario el engorroso proceso de concursos y licitaciones. Por una pequeña comisión, las autoridades/funcionarios estatales y la empresa en cuestión se ponen de acuerdo y asunto arreglado. Inclusive hay estudios que muestran que la corrupción realmente es un elemento modernizador porque busca superar las regulaciones que han sido impuestas por malos funcionarios.

En segundo lugar, inspira la asociación entre empresarios. En un país que sufre de fragmentación y división, se crean iniciativas como el ‘club de la construcción’ que agilizan la concertación y la armonía. Cerca de 30 empresas trabajaron juntas para ponerse de acuerdo y realizar obras para todos. Un corolario de esta justificación es cuando la empresa se hace la víctima, como hizo Lockheed en los años 70, cuando afirmó que sin coimas no podía realizar negocios con los gobiernos en el ámbito internacional.

En tercer lugar, facilita el apoyo a los gobernantes, lo que refuerza el sistema político. No es culpa de los empresarios que casi la mitad de los peruanos prefiera una autoridad que robe pero que haga obra. Nuestra democracia –como nos repiten los politólogos– no goza de legitimidad, sino que se sostiene sobre la base del clientelismo. Al hacer obras rápidamente se está apuntalando la política al alimentar las expectativas de los ciudadanos.

Aunque he exagerado algo en mi ejercicio cínico, quería hacer hincapié en cuán peligroso resulta enfatizar crecimiento económico –medido sobre la base de rentabilidad empresarial– en desmedro del fortalecimiento de la ética. Es por esta razón que fue sumamente importante que el encargado de nuestra política monetaria aclarara que la corrupción sí afecta a la economía, pero no la lucha contra ella.

Ante estas circunstancias, es admirable que muchos del gremio empresarial estén promocionando la iniciativa Empresarios por la Integridad que pronto firmará un convenio interinstitucional con la contraloría. En contraposición a los que solo quieren la autorregulación, estos son empresarios que comprenden que la lucha contra la corrupción es tarea de todos.