Cuando una pareja se separa, la relación sentimental termina, pero la relación entre padres e hijos continúa. Esa es una diferencia que, en la práctica, muchas veces se olvida. Es frecuente que uno de los progenitores, movido por el resentimiento o por los conflictos derivados de la ruptura, impida que el otro mantenga contacto con sus hijos. Sin embargo, esta conducta no solo afecta al padre o a la madre que no puede verlos, sino que también vulnera un derecho fundamental del propio niño.
En el Derecho de Familia existe un principio que debe orientar toda decisión relacionada con los menores de edad: el interés superior del niño. Este principio exige que cualquier medida adoptada por los padres o por las autoridades busque proteger el bienestar físico y emocional del menor, dejando de lado los intereses personales de los adultos.
Por esa razón, la legislación peruana reconoce que los niños y adolescentes tienen derecho a mantener una relación personal y permanente con ambos padres, aun cuando estos se encuentren separados o divorciados. La ruptura de la pareja no extingue los deberes ni los derechos derivados de la paternidad o la maternidad.
Lamentablemente, en muchos casos uno de los padres utiliza a los hijos como una forma de represalia. Las visitas se suspenden sin motivo, se incumplen los acuerdos existentes o se crean obstáculos para dificultar el contacto entre el menor y el otro progenitor. En ocasiones, incluso se influye en el niño para que rechace a su padre o a su madre, generando un deterioro progresivo del vínculo familiar.
Estas conductas no deben considerarse simples conflictos entre adultos. Desde una perspectiva jurídica, pueden constituir una afectación al derecho del niño a mantener relaciones familiares estables y al derecho del progenitor a participar activamente en la crianza y formación de sus hijos.
Cuando los padres no logran ponerse de acuerdo sobre las visitas, corresponde al Poder Judicial fijar un régimen de visitas. En ese proceso, el juez no decide pensando en quién tiene la razón o quién cometió errores durante la relación de pareja. Su principal obligación es determinar cuál es la alternativa que mejor protege el desarrollo integral del menor.
Una vez establecido judicialmente el régimen de visitas, ambos padres están obligados a cumplirlo. Si quien tiene la tenencia impide reiteradamente las visitas sin una causa justificada, el juez puede adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de su decisión. Dependiendo de las circunstancias del caso, ese comportamiento también puede ser valorado al momento de resolver futuros procesos relacionados con la tenencia del menor.
Naturalmente, existen situaciones excepcionales en las que restringir el contacto resulta necesario. Cuando existen evidencias de violencia familiar, abuso, consumo problemático de drogas, alcoholismo u otras circunstancias que pongan en riesgo la integridad física o psicológica del niño, el juez puede limitar, supervisar o incluso suspender las visitas. Pero esa decisión debe sustentarse en pruebas y no en simples afirmaciones o conflictos personales entre los padres.
Otro aspecto que suele generar confusión es la relación entre la pensión de alimentos y el régimen de visitas. En la práctica, algunas personas consideran que quien no paga alimentos pierde el derecho de ver a sus hijos. Otras creen que impedir las visitas es una forma válida de presionar para obtener el pago de la pensión. Jurídicamente, ambas posiciones son incorrectas. Se trata de derechos y obligaciones independientes. El incumplimiento de uno no autoriza el incumplimiento del otro.
El Derecho de Familia busca preservar los vínculos familiares y proteger el desarrollo emocional de los niños. Por ello, los procesos judiciales no deben convertirse en escenarios para prolongar los conflictos de pareja, sino en mecanismos para garantizar que los hijos mantengan una relación equilibrada con ambos padres.
Al final, impedir injustificadamente que un padre o una madre vea a sus hijos no representa una victoria para quien ejerce ese control. Por el contrario, puede significar una vulneración de derechos y un daño emocional para el menor que, muchas veces, deja huellas difíciles de superar.
La verdadera responsabilidad de los padres, incluso después de una separación, consiste en comprender que los hijos no son un instrumento de presión ni un medio para ajustar cuentas. Son personas cuyos derechos deben estar siempre por encima de cualquier conflicto entre los adultos.
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