La corrupción: el sistema dentro del sistema

Manuel nació en Huaylillas, uno de los distritos de la provincia de Pataz en La Libertad. No terminó el colegio, no le gusta aprender. No se puede concentrar. Y está convencido de que eso hoy no es importante. Gracias a su trabajo, Manuel ha construido un edificio de siete pisos y se ha comprado un camión donde transporta oro de Pataz a la planta de beneficio en la Panamericana Norte. Como en todo, su trabajo tiene riesgos. Además de las largas horas por carretera, tiene que pasar por tres controles policiales donde tiene que aceitar a los policías para que lo dejen pasar tranquilo. Sabe que su carga es ilegal, pero el pertenece a ese 41% de peruanos que cree que las economías ilícitas son la única manera de conseguir trabajo (Encuesta Proética 2025).

En los últimos 12 meses, uno de cada tres peruanos dice haberse visto obligado a coimear a alguna autoridad. De ellos el 48% dice que es la única forma de lograr que las cosas sucedan en el Perú y 28% dice que todos lo hacen. Hemos normalizado la corrupción y por eso 90% de las personas que han tenido que pagar una coima, no denuncian. Y no lo hacen porque creen que no sirve de nada. Entonces estamos frente a una trampa. Porque, tal como explican Acemoglou y Robinson, reducir la corrupción requiere de un alto grado de confianza de los ciudadanos en el Estado y del Estado en los ciudadanos.

Esto significa que el Estado debe confiar en que sus ciudadanos denunciaran los pedidos de coima de malos funcionarios públicos. Mientras que los ciudadanos deberán confiar en que, si denuncian, el Estado sancionará a los funcionarios públicos corruptos. Pero, cuando esta confianza no existe, como en el caso peruano, los ciudadanos simplemente no denunciarán. O, peor aún, serán parte de una cadena productiva ilegal, convencidos como Manuel, de que esta es la única manera de salir adelante y de que, además, no le pasará nada porque el Estado no tiene la capacidad de hacer cumplir la ley.

Cuando la corrupción no es denunciada, y es utilizada como una herramienta válida para lograr obtener beneficios, los ciudadanos se convierten en parte del problema. Como Manuel. O Juan Raymundo, uno de los policías asignados al puesto de control de la Panamericana Norte por donde pasan cientos de camiones al día con oro ilegal. Él recibe S/300 por camión que deja pasar. Por supuesto no todo es para él. De los S/300 le quedan 100, porque debe separar 50 para sus pares y 150 para la cadena de mando. “Business, the peruvian way”, o “negocios a la peruana”. Así garantizan la sostenibilidad del negocio.

Pero la cadena de oro ilegal no se queda fuera del sistema. Es gracias a las plantas de beneficio por donde se blanquea y luego se exporta a través de ‘traders’ que se hacen de la vista gorda. Poco importan el aumento del sicariato y de la trata de niñas para la esclavitud sexual.

Para que las cosas cambien, necesitamos llevar formalidad ahí, donde los ilegales han tomado territorios. Eso implica, por un lado, sacar adelante la nueva ley de pequeña minería y acompañar el proceso de formalización en campo. No desde Lima. Necesitamos mecanismos de trazabilidad del mineral y de seguimiento de flujos ilícitos. Pero también necesitamos poner los reflectores sobre aquellos que se están prestando al blanqueo del oro ilegal, desde sus oficinas en San Isidro y enriqueciéndose enormemente al hacerlo.