Los cinco del defensor

“Defender y promover los derechos de las personas y la comunidad, con autonomía y énfasis en los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad, mediante la supervisión al cumplimiento de las obligaciones del Estado” es la misión de la Defensoría del Pueblo (por lo menos en su sitio web). Sin embargo, cinco meses después de la designación del señor Josué Gutiérrez, nos encontramos frente a una entidad cuyo silencio nos ha desamparado en momentos claves, siendo cómplice del Congreso y de sus leyes cuestionables.

En una de mis primeras columnas (“Mal conocido”), hice énfasis en dos puntos importantes. El primero sigue siendo un pasivo para la función pública: la idoneidad, acomodada ahora al antojo del recomendado; la contratación de Elizabeth Zea así lo demuestra. Unos ajustes a los requisitos “en atención a la necesidad de la alta dirección” y listo, contrato cerrado. La pregunta es obvia: ¿cuántos puestos más han cambiado el estándar para recompensar el apoyo político circunstancial? ¿Y cuántas renuncias más (ya van cinco) confirmarán el sesgo y la poca visión técnica con la que se está trabajando desde esta entidad? Y no, no hay perversidad (como ha respondido el señor Gutiérrez) por cuestionar los últimos hechos en la defensoría. Tristemente, en nuestra dinámica política no existen coincidencias y esto lo único que confirma es un pacto de supervivencia respaldado por APP, Perú Libre y Fuerza Popular. Lo segundo y más importante es la agenda. Ha pasado el tiempo suficiente para comprobar lo que era previsible: la defensoría camina en automático y no reacciona a lo urgente porque “no quiere entorpecer la labor del Congreso” o porque “no es oportuno inmiscuirse en ciertos temas”, dos respuestas timoratas sobre un asunto crucial en los últimos días: la investigación del Congreso a la JNJ. Pareciera que lo urgente en meses ha sido la devolución de favores para sobrevivir lo que se pueda en el cargo y no tener una defensoría que nos represente, visibilice nuestros problemas y nos acerque al Estado, que tampoco parece ser garante de nada.

Mientras tanto, ayer fue el día de la prevención del embarazo adolescente, un tema que debería estar en agenda de la defensoría y cuya cifra diaria en nuestro país, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, reporta cuatro niñas de entre 10 y 14 años convertidas en madres, en su mayoría agredidas sexualmente. Ucayali y Loreto son dos de las regiones con el mayor índice de casos. Uno de los más dolorosos y recientes de la región Loreto es el de Mila y, bien lo decía Matilde Cobeña, adjunta para la Niñez y Adolescencia de la defensoría: “No esperemos reaccionar a partir de otro caso similar; debemos ser un Estado con una política de prevención de violencia”. Pero las políticas públicas necesitan ser sostenibles en el tiempo y Matilde es una de las adjuntas renunciantes.