La presidenta Dina Boluarte apostó por una pomposidad fuera de contexto para la promulgación de la nueva ley que regula la fiscalización de las ONG y entidades que reciben cooperación internacional. Una promoción que no hemos visto en leyes de mayor relevancia para lo que la coyuntura exige con temas como, por ejemplo, la seguridad ciudadana.
Esto es solo una muestra de que la mandataria sigue apostando a estrechar los lazos con el Congreso, sobre todo en un escenario difícil donde cuatro de sus ministros afrontan pedidos de interpelación. Pese a este escenario, que exige cierta distancia en el tiempo que se definan las acciones de control, vimos en la primera fila y en la foto oficial a cuatro congresistas junto a la presidenta Boluarte.
El caso más llamativo fue el de María Acuña, congresista de Alianza para el Progreso y presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que acaba de archivar la denuncia contra Boluarte por el Caso Rolex. El ser una de las autoras del proyecto y la abstención de Acuña en dicho archivamiento parece haberle garantizado un asiento en el acto protocolar.
No es nueva esta práctica de armar actos protocolares para promulgar con pomposidad leyes del Congreso. Cuando el Ejecutivo ha necesitado de los votos de otras bancadas, como el Bloque Magisterial, se ha recurrido a presentaciones sobre leyes para la creación de universidades o acordes a los temas educativos que persigue dicho grupo legislativo.
El gobierno ha decidido que necesita volver a entregar trofeos de guerra al Parlamento para continuar asegurando el respaldo político, y dejando de lado algunas batallas importantes en la agenda legislativa. Pese a que se ha realizado un nuevo pleno temático de seguridad, el Congreso sigue sin poder aprobar la ley que crea el sistema nacional especializado de flagrancia delictiva. El gobierno no ha levantado la voz frente a la desidia parlamentaria, ni siquiera porque se trata de un proyecto del gobierno, el cual presentaron en mayo del 2024. La iniciativa va a cumplir un año estancada en el Parlamento.
El gobierno tampoco ha levantado la voz frente al exceso del Congreso en la norma que desnaturaliza la extinción de dominio. Un débil pronunciamiento del Ministerio de Justicia no es suficiente para paralizar a una representación parlamentaria que parece decidida a ir hasta el final con este tema. Los peligros que acarrean estos cambios ameritan un pronunciamiento fuerte desde la propia presidenta Boluarte. Estamos hablando de regulaciones negativas que incluso podrían poner aún más en riesgo nuestra debilitada postulación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En el tablero de ajedrez del gobierno, las piezas son movidas a favor del jugador que tienen al frente. Van dejando que avance poco a poco, con tal de estirar la partida hasta el 2026. Lo que quizás no están midiendo es que el jugador que tienen al frente puede ser impredecible en terreno electoral, y quizás podamos ver las primeras señales en las próximas votaciones de interpelación que se deben definir en el pleno.
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