Elijamos correctamente las batallas

En el Perú hay 10 millones de peruanos que viven en pobreza y otros 12 millones que habiendo escapado de la pobreza son considerados vulnerables. Esto significa que ante cualquier eventualidad pueden volver a caer en pobreza. Pero significa, sobre todo, que aún no han logrado satisfacer sus necesidades básicas. Que no acceden a servicios de salud, educación ni tienen una nutrición de calidad. El 71% de los colegios públicos en el Perú no tiene acceso a agua, saneamiento ni electricidad. Y el 98% de los establecimientos de salud de primer nivel tiene una capacidad instalada inadecuada. En el 2024, 17,6 millones de personas en nuestro país padecieron de inseguridad alimentaria, esto es, no tuvieron acceso a alimentos nutritivos y seguros de manera constante. Y el 10% de los hogares en zonas urbanas tiene una vivienda con piso de tierra, 63% en las zonas rurales.

Casi 13,4 millones de peruanos se desarrollan en la informalidad. De acuerdo con la Asociación de Bodegueros del Perú, el 60% de sus asociados son extorsionados. Y el 50% de los micronegocios que reciben préstamos de las cajas municipales ya estarían incorporando a la extorsión, el pago de cupos y los préstamos gota a gota dentro de sus estructuras de costos. Tanto estamos perdiendo el control del país que la principal preocupación para el 78% de los peruanos es la inseguridad (Kantar).

Es claro que la gran mayoría de peruanos están preocupados no solo por llegar a fin de mes, en muchos casos su preocupación es incluso más inmediata: llegar a cubrir ese día. Y frente a esta situación, la política no aparece entre sus prioridades. Probablemente, ni siquiera en sus pensamientos. Porque en la informalidad se vive al día, al margen de la ley, de las obligaciones, pero también sin el acceso a la protección y servicios que debe ofrecer el Estado. Por ello sus prioridades son otras: la subsistencia de espaldas a un Estado para el cual no parecen existir.

Pero en nuestro país conviven dos realidades distintas, dos mundos diferentes con necesidades y prioridades contrapuestas. En el Perú nos hemos desarrollado en nichos; las élites no se relacionan ni se encuentran en espacios sociales con los demás miembros de la sociedad y esto hace que no podamos entender ni interiorizar el malestar social que existe, lo que a su vez genera un mayor distanciamiento y profundización de las barreras y desigualdades. Las élites en nuestro país acceden a educación, salud y seguridad privadas, y por ello, en la mayoría de los casos, dejaron de preocuparse por la calidad o alcance de los servicios públicos. Y, sin embargo, sí han coincidido en algo. La política y la democracia tampoco han sido una prioridad para las poblaciones más ricas. Acostumbradas a resolver y responder a sus propios intereses mercantilistas, ven la pobreza, la informalidad y la precariedad como algo borroso, difuminado.

Así, es muy difícil construir la cohesión social que es necesaria para poder gobernar un país y lograr que los peruanos tengan, por lo menos, sus necesidades más básicas satisfechas. Y, mientras las élites (de derecha, centro o izquierda) se enfrentan en una discusión posmaterialista, aferradas a sus privilegios, las economías ilegales y el crimen organizado van capturando cada vez más espacios, con una importante representación en el aparato estatal. La batalla tiene que ser por transformar el Estado, recuperar la seguridad y el camino del crecimiento y el desarrollo.