¿En qué momento se jodió el Perú?

El estallido de violencia de los últimos días no es gratuito ni ha sido espontáneo. Es el resultado de un trabajo constante de más de dos décadas donde se ha construido la narrativa de que el Perú es un país injusto y discriminador, formado sobre la base de valores colonialistas de los que no hemos logrado escapar; donde se han impulsado la lucha de clases, el resentimiento, el odio entre peruanos, el enfrentamiento y el uso de la violencia. Y donde se quiere imponer, como única salida, una constituyente.

En el Perú existen ciudadanos de segunda categoría que tienen demandas insatisfechas. Miles de personas que se sienten excluidas de los beneficios del sistema, sin acceso a educación y salud de calidad, sin viviendas dignas, derechos de propiedad, acceso a la justicia, ni voz. Pero, contrariamente a lo que la izquierda sostiene, no se trata de un problema de exclusión por racismo (que existe y es real), sino de un problema de exclusión por captura de rentas. Una élite, en su mayoría mercantilista (y no toda blanca), que no está dispuesta a ceder parte de sus privilegios. Una élite que quiere mantener instituciones políticas y económicas cerradas y excluyentes por temor a perder esos privilegios que se niega a reconocer.

Detrás de la crisis que enfrenta el país, hay una crisis de confianza y falta de representación política real. Las instituciones han sido capturadas por distintos grupos de interés, argollas que llegan al poder para satisfacer intereses personales y enriquecerse a costa del Estado y del desarrollo del país. Y, tal como han sido diseñadas las instituciones políticas, los peruanos estamos maniatados, obligados a elegir entre los políticos mediocres, cuando no corruptos, que nos ofrecen los partidos; con excepciones de personas que realmente buscan intentar cambiar las cosas, pero que se enfrentan a un sistema que se los impide.

Hoy existe una demanda ciudadana por el adelanto de elecciones, cansados de una clase política que consideran corrupta e intransigente y una clase empresarial mercantilista y abusiva, amparada en privilegios y prebendas. Y, sin embargo, como la salida de Castillo no resolvió la crisis política, convocar a elecciones generales con estas reglas de juego tampoco lo hará.

El país necesita una reforma política integral que genere los incentivos necesarios para que surja una nueva clase política cuyo objetivo sea encauzar al país hacia el desarrollo. Las reformas de los últimos años fueron siempre a medias y a medida, sin estar sostenidas en evidencia. Y, en lugar de generar incentivos para mejorar la clase política, fueron alejando a los ciudadanos de la política.

Al no ejercer ciudadanía y dejar la política de lado, los peruanos les abrimos el espacio a los peores. Dejamos de cuestionar la narrativa impuesta porque era más cómodo callar y, al hacerlo, perdimos la batalla ideológica contra quienes buscaban destruir el Estado y retroceder lo avanzado. Sendero logró infiltrar sus ideas en todos los estamentos de la sociedad a través de sus movimientos de fachada, como el Movadef o el Fenate-Perú, al que pertenece, por ejemplo, Pedro Castillo.

Sabemos bien que el intento de imponer una nueva Constitución no tiene como objetivo resolver el problema de representación política ni mejorar las condiciones de exclusión de millones de peruanos, sino cambiar el modelo económico, volver al Estado empresario e imponer una agenda dogmática que ha demostrado ser inviable y sumir a los países en mayor pobreza. Pero, claro, les garantiza el acceso al poder y la captura de rentas.

Pese a que somos un país provinciano, como sostiene Hugo Neira, o tal vez precisamente por eso, el interior del país no ha sido nunca nuestra prioridad. Como consecuencia, hoy ese Perú no se siente representado ni atendido. La falta de partidos hace que no tengan cómo canalizar sus necesidades e intereses y terminen siendo capturados por ideas trasnochadas.

Hay una urgencia en el país. Necesitamos liderazgos que nos permitan mejorar la calidad de nuestras instituciones; de las políticas, para lograr una adecuada representación, y de las económicas, para ser un país más inclusivo. Para eso, necesitamos las reformas de segunda y tercera generación que quedaron pendientes y debemos romper con el mercantilismo y la captura de rentas y privilegios.