Decir que había mucha expectativa sobre la presentación de la política general de gobierno por parte del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, para solicitar el voto de confianza al Congreso, sería exagerar. Ya estamos acostumbrados a los discursos en los que se habla mucho pero no se dice nada, pero igual es decepcionante constatar que no existe en el Ejecutivo real conciencia del delicado momento por el que atraviesa el país y notar la ausencia de medidas concretas y efectivas para, por ejemplo, mejorar la confianza empresarial, impulsar la inversión privada y permitir que se consolide la incipiente recuperación de la economía que se ha registrado, casi de milagro, durante el primer trimestre del año.
Adrianzén dedicó los poco más de 100 minutos de su discurso a tocar superficialmente temas que ya estaban en la agenda y a reciclar estrategias, como anunciar un nuevo pedido de facultades delegadas al Parlamento. En esta ocasión, no obstante, esta solicitud resulta una prueba tal vez involuntaria, pero irrefutable, de la poca efectividad de este mecanismo para solucionar los problemas del país. ¿Por qué? Porque las facultades se concentrarán en las dos prioridades identificadas por Adrianzén: la recuperación de la economía y la lucha contra la inseguridad, los dos temas en los que, precisamente, se enfocaron las facultades que el Congreso le dio al Ejecutivo en dos oportunidades durante el 2023.
El Gobierno ya debería tener claro que no solo es necesario mejorar la calidad de nuestra legislación y regulación, sino que es imprescindible incrementar la capacidad del Estado para cumplir sus funciones, algo ciertamente más complejo que redactar un decreto legislativo. Lograrlo pasa por, entre otras cosas, establecer una clara visión de largo plazo y asegurar la continuidad de las políticas públicas, algo difícil de conseguir cuando los ministros se cambian con la misma ceremonia con la que se reemplazan las pilas de un control remoto. Pero no solo falta visión, sino que el gobierno está tan divorciado de la realidad que el jefe del Gabinete puede anunciar con un desubicado tono triunfalista una meta de inversión minera para este año menor a la que se logró en el 2023, como identificó “Semana Económica”, o mencionar dos proyectos emblemáticos como el puerto de Chancay o el aeropuerto internacional de Chinchero sin detallar cómo se van a resolver las clarísimas dificultades que enfrentan por fallas de nuestro aparato estatal.
Un discurso con esos vacíos –y un injustificable incremento del presupuesto del Congreso– le puede haber bastado al Gabinete para lograr el voto de confianza, pero nos deja al resto incluso más desconcertados sobre lo que nos espera en los próximos años.
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