Uno de los principales problemas de la gestión penitenciaria en nuestro país es el hacinamiento de la población penal. Actualmente, existen más de 105 mil internos, frente a una capacidad de albergue de apenas 42 mil personas. Esta situación ha sido reconocida incluso por el Tribunal Constitucional, que en el año 2020 declaró un “Estado de Cosas Inconstitucional”, exigiendo acciones urgentes al Estado peruano.
Esta realidad no solo evidencia una grave precariedad estructural, sino que también limita la capacidad del sistema penitenciario para cumplir adecuadamente sus objetivos de reeducación, rehabilitación y reinserción social. Un sistema penitenciario hacinado pierde control, y cuando el Estado pierde control dentro de los penales, quienes ganan espacio son las organizaciones criminales que operan desde su interior, planificando delitos como la extorsión y el sicariato.
Durante esta gestión hemos identificado que los mecanismos orientados al deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios no se han utilizado con la intensidad que la situación exige. Por ello, el MINJUSDH presentará un Plan Nacional para el Deshacinamiento de Establecimientos Penitenciarios, orientado a destrabar los principales cuellos de botella del sistema: déficit de personal especializado, demoras administrativas y la coordinación con el Poder Judicial para resolver de manera célere la situación jurídica de los internos. En una primera etapa, este plan permitirá el egreso de más de 5 mil internos condenados a penas de hasta 5 años, bajo criterios estrictos de evaluación y control.
Sin embargo, es importante ser absolutamente claros: el deshacinamiento no significa liberar delincuentes peligrosos ni poner en riesgo a la ciudadanía. El enfoque del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es técnico y responsable. Se centra exclusivamente en internos primarios, condenados por delitos de mínima lesividad, que no representan un riesgo para la seguridad pública, aplicando estrictamente los mecanismos legales vigentes, como la sustitución y conversión de penas, los beneficios penitenciarios y la redención de pena.
Pero, sobre todo, se trata de una medida necesaria para fortalecer la seguridad ciudadana. Reducir el hacinamiento permitirá una mejor clasificación de internos según su nivel de peligrosidad, un mayor control y vigilancia efectiva, así como un uso más eficiente de los recursos del Estado. Esto permitirá cerrar espacios al crimen organizado dentro de los establecimientos penitenciarios. En otras palabras, este plan no debilita la seguridad: la fortalece.
Por ello, desde el MINJUSDH convocamos a todas las instituciones del sistema de justicia, así como a la sociedad civil, a sumarse a esta política pública responsable, que busca un equilibrio claro entre el respeto a la ley, la eficiencia del sistema y la protección real de los ciudadanos.
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