La fábrica del caos electoral

De todas las fábricas de caos que envuelven la multicrisis del Perú, aquella que afecta el nervio central de la delegación de poder gubernamental y legislativo, mediante el voto ciudadano, es quizás la más grave y catastrófica para la institucionalidad democrática.

Para quienes están al frente del Congreso, del Jurado Nacional de Elecciones, de la ONPE y del Reniec, la disyuntiva abierta es profundamente es dramática.

Estas instituciones fundamentales hacen ahora algo realmente urgente y eficaz, con vistas al 2026, y también con vistas al 2031, con una reforma constitucional, o vamos a ver desaparecer la propia Constitución y la propia democracia, a manos autoritarias que no necesitan para ello de un golpe de Estado, sino de la sola captura del voto ciudadano.

Todos los conspicuos hacedores de las reformas del expresidente Martín Vizcarra, ignorando o fingiendo quién era él en verdad, contribuyeron a la fábrica de caos electoral que domina hoy parte importante de lo que, atónitos, conocemos como la mayor fragmentación política de nuestra historia.

En efecto, la fábrica de caos electoral solo puede ser desmontada en seco a través del único mecanismo seguro y perdurable: el de un cambio igualmente drástico en la Constitución, que haga a su vez efectivas dos superiores vallas electorales: una contra las inscripciones exprés de partidos y otra contra los vicios del dejar hacer y dejar pasar, para decirlo con sutileza, que las autoridades del sistema (JNE, ONPE y Reniec) han dejado enraizarse y crecer.

No es posible, por ejemplo, que del millón y más de firmas de adherentes que antes se exigía para avalar la representación ciudadana de un partido político se haya rebajado en el tiempo a solo 25.000 afiliados, y a tal punto que la detección, dentro de esa cifra, de 5.000 falsificadas no representa, en la práctica, la más mínima sanción administrativa ni penal de oficio para la organización política responsable.

La fábrica electoral, compuesta por leyes, reglamentos, procedimientos y clientelismo funcional de técnicos, operadores y lobbistas, hizo no solo irrevisables por algunos años los padrones de inscripción, sino que creó condiciones engorrosas para cualquier eventual sanción. En el supuesto caso de que el JNE quiera penalizar la reciente falsificación de 5.000 firmas, estas tendrían que pasar por un peritaje que exige la presentación de hasta 10 documentos de cotejo por cada firma para determinar su autenticidad o falsedad. Quien quiera imaginar el final del peritaje que espere cinco años.

Por otro lado, resulta sorprendente que la justicia haya disuelto el antidemocrático partido de Antauro Humala y haya dejado expedito el camino de una posible postulación electoral de su antidemocrático promotor, de la misma forma que dirigentes políticos culpan de la falsificación de firmas de sus partidos a operadores externos, eludiendo su propia grave responsabilidad penal. Vemos que la justicia electoral vuelve a relucir su vista gorda y no hacer suyos sus fueros de sanción exclusivos y autónomos.

La fábrica de caos electoral pondrá finalmente a prueba la capacidad del JNE de desmontarla o de solo recurrir a la vieja maña de dorarnos la píldora sobre lo que seguramente será incapaz de hacer.