La gran apatía ciudadana

Desde hace meses, los peruanos somos testigos del descalabro del gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, pese a que este es insostenible, Castillo se mantiene en el poder, acaba de renovar su Gabinete Ministerial y amenaza a los peruanos con una “gesta en defensa de la democracia”. Y lo hace sostenido por movimientos políticos y organizaciones de base, ya sea porque comparten una ideología o porque han negociado pactos bajo la mesa. Lo hace, además, porque existe una gran apatía ciudadana que se lo permite.

La democracia requiere de la limitación del poder, mediante el sistema de pesos y contrapesos, del respeto absoluto por el Estado de derecho y del ejercicio responsable de la ciudadanía. Hoy en el Perú no existe ninguna de estas tres condiciones. No existe un sistema de pesos y contrapesos que funcione y, por ello, las acusaciones de corrupción contra Castillo, sus ministros y asesores no progresan. No existe Estado de derecho, y así desde el Gobierno y el Legislativo se pervierten las instituciones y se venden al mejor postor las leyes. Una de las principales características del Estado de derecho es su predictibilidad, que permite a ciudadanos y empresarios saber cuáles son las reglas del juego sin que estas sean cambiadas de un momento para otro. Y lo cierto es que tampoco existen ciudadanos ejerciendo sus deberes.

Sin ciudadanos que conozcan sus derechos y también sus deberes, no hay autoridad que se sienta obligada a rendir cuentas. En el Perú, nos hemos desatendido de la política y, por ello, le hemos dejado el espacio a los peores. Esos que hoy consideramos que no nos representan, pero a quienes nosotros llevamos al poder con nuestros votos. Donde existe una real democracia, los ciudadanos se hacen escuchar, sea a través de protestas legítimas o porque participan en las audiencias de los gobiernos y sus instituciones, haciéndole saber a las autoridades, por un lado, cuáles son sus intereses y, por el otro, qué es lo que no están dispuestos a aceptar. Es momento de que los ciudadanos reconozcamos nuestra responsabilidad en esta debacle y decidamos ejercer ciudadanía.

Una de las pocas consecuencias positivas del Gobierno de Pedro Castillo es que ha empujado a que muy distintas organizaciones de la sociedad civil se organicen para lograr pasar reformas políticas necesarias para lograr un adelanto de elecciones. Pero, sobre todo, para generar los incentivos necesarios para que la clase política se renueve. Porque, de no pasarse reformas mínimas, al día siguiente de la salida de Castillo tendremos nuevamente a los mismos en el poder.

La crisis política peruana es lo suficientemente compleja como para que la solución no pase solo porque Castillo se vaya mañana. Ni por el que se vayan todos. Pero el Perú no puede seguir sosteniendo a un presidente que encarna lo peor de la política. Y no se trata solo de las acusaciones de corrupción. En el Perú existen 10 millones de peruanos que están hoy debajo de la línea de pobreza; esto es, que viven con menos de S/360 al mes. Y es a esos peruanos a los que el Estado tiene la obligación de atender con servicios de salud, educación y nutrición de calidad, y llevándoles infraestructura (pistas, carreteras, agua y saneamiento, etc.) que les permita desarrollarse y escapar de las trampas de pobreza.

Pero, ¿cómo hacerlo si los peruanos elegimos a un presidente que, además de estar siendo investigado por liderar una organización criminal, no tiene capacidad para gobernar y se ha rodeado de personajes impresentables sin los conocimientos necesarios para ejercer puestos públicos?

En un artículo reciente, Sinesio López sostiene que en el Perú existe una tradición golpista, que nos lleva hoy a querer cuestionar la presidencia de Castillo. Sostiene, además, que la democracia exige que se respete que Castillo fue elegido para gobernar por cinco años. Pero Sinesio olvida que una cosa es un golpe y otra muy diferente es promover un proceso constitucional contra un gobierno sobre el que pesan serias acusaciones. La democracia tiene mecanismos constitucionales para defenderse; exigirles a nuestros representantes utilizarlos es nuestro deber ciudadano.