Un Congreso insuperable

Este Congreso es el peor de la historia republicana. Para que no queden dudas, revisemos cómo involucionaron sus presidencias, que no fueron cinco sino siete, en consonancia con la inestabilidad general de este nefasto período.

La primera fue María del Carmen Alva, de Acción Popular, quien tuvo una gestión aceptable. Le criticaban su mal humor y su mal carácter. Es decir, una leve garúa que precedió a las tormentas.

La segunda fue también una mujer: Lady Camones, del partido del inefable César Acuña. Ella ejerció el cargo solo 44 días. Fue censurada a raíz de audios en los que su líder le exigía impulsar una norma para crear el distrito de Alto Trujillo, lo que, de hecho, terminó ocurriendo.

El tercero fue José Williams, de Avanza País. General del Ejército con una muy buena foja de servicios, quien actuó correctamente en el cargo, aun cuando le tocó conducir el Congreso durante el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

Con el cuarto llegó el desmadre. Fue elegido el cusqueño Alejandro Soto, también de APP, quien ostentaba un récord de corrupción: 50 procesos en trámite que hacían que las decenas de congresistas con acusaciones similares lucieran como blancas palomas. Anótese que con esa Mesa Directiva se inició el matrimonio de conveniencia entre el partido de la dama que perdió las elecciones y el del caballero que las ganó.

Con lo repudiable de lo anterior, falta lo peor: el susodicho estuvo estrechamente vinculado al caso del asesinato de Andrea Vidal, joven trabajadora del Congreso que denunció la existencia de una red de prostitución destinada principalmente a atender a congresistas, crimen que hasta hoy permanece impune.

El quinto fue Eduardo Salhuana, de APP, quien estaba estrechamente vinculado a la minería ilegal en Madre de Dios. Parecía que, después de Soto, no podría repetirse algo tan chocante, pero así fue.

El sexto fue José Jerí, de Somos Perú, quien llegaba con un prontuario de aquellos. Lo más notorio fue cómo, desde la muy codiciada Comisión de Presupuesto –que ahora preside Soto–, cobraba para que proyectos de terceros fueran incluidos. Al respecto, existe una denuncia documentada de una empresaria arequipeña a quien no solo no le cumplieron, sino que tampoco le devolvieron el dinero.

El último es Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, quien consiguió su fajín casi 16 meses después que el resto de sus colegas, tras reemplazar al fallecido Hernando Guerra García. Tampoco fue elegido presidente del Congreso. Llegó al cargo porque Jerí asumió la Presidencia de la República y el aludido no renunció a ejercer la Presidencia del Congreso, como inicialmente había dicho que haría.

Decir que la séptima presidencia fue la cereza del pastel de este desastre sería quedarse corto. Aunque los tres últimos ofrecen una competencia reñida, el dos veces suplente los supera ampliamente.

El aludido impulsó la aprobación de leyes notoriamente inconstitucionales. Hostilizó persistentemente al Ministerio Público y al Poder Judicial. Utilizó la protección del cargo para difamar y fue condenado en doble instancia. Avaló una nueva renovación del Reinfo. Empleó recursos públicos para comprar lealtades mediante pagos adicionales a congresistas y empleados, así como nombramientos masivos de personal. También permitió decisiones motivadas por un populismo electorero que limitan severamente el margen de acción de la presidenta entrante, pues añaden S/23.000 millones anuales al gasto corriente. Ello deja muy poco espacio para la inversión en obra pública y, peor aún, puede costar muchas vidas, al reducir significativamente los recursos disponibles para enfrentar un eventual fenómeno de El Niño global.

Por todo ello –Ipsos dixit–, la abrumadora mayoría que desaprueba su gestión al concluir el mandato considera, con razón, que ese juicio está plenamente justificado.