La confianza está en crisis, y si bien los políticos y el gobierno reciben las peores calificaciones, el sector empresarial no es ajeno a ello. Las encuestas registran un distanciamiento creciente entre la ciudadanía y los distintos sectores, alimentado por una percepción extendida de que actúan en función de sus propios intereses y no en beneficio del bienestar colectivo.
Un reciente estudio de Globescan identifica algunos factores que explican la desconfianza hacia las empresas, lecciones que no deberían ignorarse y más bien podrían extrapolarse al campo político. El primero de ellos es la convicción de que las empresas priorizan las ganancias por encima de la responsabilidad social y los valores éticos. Esta visión se agrava por la percepción de que muchas compañías ocultan sus verdaderas intenciones, carecen de transparencia y rehúyen la rendición de cuentas.
Otro factor que debilita la confianza está relacionado con las prácticas laborales y conductas poco éticas. También hay una inquietud generalizada por la influencia que algunas organizaciones tienen sobre los gobiernos y las políticas públicas, lo que alimenta la percepción de que el interés corporativo se impone por encima del bien común. Finalmente, el historial de malas prácticas, escándalos y fraudes que algunas empresas arrastran continúa pesando. La confianza, como es sabido, tarda años en construirse y segundos en perderse.
Aunque los impulsores de confianza presentan similitudes a nivel global, las expectativas de la ciudadanía varían según cada región. En general, se espera que las empresas ofrezcan productos seguros y saludables, así como pago justo a sus trabajadores. Sin embargo, en Latinoamérica el pago de una remuneración digna se posiciona como una de las principales exigencias. En contraste, en Asia-Pacífico cobra relevancia la transparencia sobre el contenido y el origen de los productos, mientras que en Norteamérica la prioridad está en el trato justo y no discriminatorio hacia los empleados y postulantes. Estas diferencias ponen de manifiesto la necesidad de estrategias localizadas que respondan a las demandas específicas de cada contexto.
Cerrar la brecha de confianza requiere más que campañas de imagen o declaraciones públicas. Exige coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Las empresas deben mantenerse firmes en su compromiso con la sostenibilidad, incluso frente a cuestionamientos o presiones externas. También necesitan redoblar esfuerzos para comunicar de manera clara y veraz sus avances, especialmente en un contexto global cada vez más crítico frente al ‘greenwashing’. Establecer alianzas con actores sociales creíbles podría contribuir a reforzar la legitimidad de sus acciones. Pero, por encima de todo, las empresas deben actuar con integridad, evitando gestos superficiales y demostrando con hechos un compromiso real con el bienestar colectivo.
La reputación corporativa no se construye desde la imagen, sino desde la práctica. Para generar confianza duradera y gestionar riesgos con visión, las compañías deben asumir plenamente su rol como actores sociales responsables, alineando sus decisiones y su desempeño con los valores y expectativas de las comunidades a las que sirven. Solo así podrán transformar la desconfianza en legitimidad y el recelo en colaboración.
La política no puede estar al margen de estas lecciones. Si bien el sector empresarial enfrenta una crisis de confianza, en el caso de los gobiernos y actores políticos la situación es aún más crítica. Las causas de la desconfianza son similares: falta de transparencia, escasa rendición de cuentas, prioridades alejadas del interés ciudadano y un historial de promesas incumplidas o conductas cuestionables. Así como las empresas deben alinear su actuar con las expectativas sociales, la política también debe replantear su vínculo con la ciudadanía, demostrando integridad, compromiso con el bien común y capacidad de escucha activa. La recuperación de la confianza no será producto de discursos ni campañas, sino de una coherencia sostenida entre lo que se dice y lo que se hace.
