Reinfo: un sistema que ha fracasado

Dos hechos importantes ocurrieron el 5 de noviembre pasado. De una parte, se dejó al voto de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) la decisión de declarar inconstitucional (o no) la Ley 31388, que prorroga el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre próximo. De otra parte, en la Comisión de Energía y Minas se intentó votar un predictamen para prorrogar por dos años más el Reinfo.

¿Por qué mantener un sistema que ha fracasado? Los números lo revelan. Cifras más, cifras menos: de un universo estimado de 500.000 mineros MAPE (minería artesanal y de pequeña escala), poco más de 87.000 se inscribieron en el Reinfo; de ellos, casi 70.000 tienen el registro suspendido. Pero eso no es todo. El proceso integral de formalización no solo no ha dado resultados, sino que ha sido una vía libre para que la minería ilegal campee en todo el país. El Reinfo no es una patente de corso para realizar actividades ilícitas; sin embargo, en muchos casos, ha sido el ropaje bajo el que se ha camuflado la minería ilegal, pues exime a quienes la practican de responsabilidad penal al estar inscritos en este registro.

Lamentablemente, no es coincidencia que el fracaso del proceso de formalización haya ido de la mano del galopante crecimiento de la minería ilegal en nuestro país. Los datos son alarmantes: en el 2023 generó ganancias por encima de los US$8.200 millones de dólares (superando al narcotráfico); la producción de oro procedente de la minería ilegal e informal representa hoy cerca de un 30% de la producción total nacional; el aumento de la exportación de oro ilegal en los últimos años es altamente significativo y las pérdidas que genera al Perú la minería ilegal representan el 2,5% del PBI.

Por si esto fuera poco, debemos recordar que la minería ilegal contamina y deforesta; opera en zonas prohibidas (por ejemplo, en riberas de ríos) y zonas intangibles (áreas protegidas); utiliza maquinarias (dragas) e insumos prohibidos (mercurio), causando daños irreversibles y de gran calado al medio ambiente, a la salud y a la seguridad personal; y, no menos importante, se vincula al crimen organizado (narcotráfico, trata de personas, explotación infantil, lavado de activos, entre otros) traspasando fronteras.

¿Por qué extender, entonces, la vigencia del Reinfo? ¿Queda acaso alguna duda de que urge ponerle fin y plantear otra propuesta para ayudar a quienes genuinamente busquen formalizarse?

Llegados a este punto, es importante considerar que los continuos fracasos de los procesos de formalización de la MAPE, si bien reflejan la complejidad de los problemas asociados a esta actividad que tiene una larga historia en nuestro país, también acusan la falta de compromiso y voluntad política para hacerse cargo del tema y distinguir, con valentía y firmeza, la paja del trigo. La MAPE que quiere formalizarse merece una propuesta alternativa del Estado; por el contrario, la MAPE que quiere seguir operando en la ilegalidad merece que el Estado aplique la ley para erradicarla. Urge, por lo tanto, que se discuta una nueva ley MAPE desde un enfoque multidimensional y multiactor. Las experiencias pasadas deben servir para corregir y mejorar las rutas diseñadas para la formalización que muy pocos han logrado finalizar con éxito.

Los datos recogidos aquí están sustentados en el estudio que realizaron los investigadores del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico y del Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford; una investigación denominada “Hacia una mejor formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en el Perú: explorando cuellos de botella y opciones de política pública”.