¿Es salud?

Desde que en el 2021 se inició el actual gobierno, con Pedro Castillo a la cabeza, ha habido un total de seis ministros de Salud. Pero lo sucedido recientemente con el seguro social de salud (Essalud) ya supera cualquier línea de base mínima de buena gestión.

Sin explicación alguna, la administración de Dina Boluarte decidió remover del cargo a María Elena Aguilar, la octava titular de Essalud en cuatro años y quien venía liderando la institución desde octubre del 2023. Como reveló este Diario el lunes último, fuentes de dicha entidad alegan que su salida se explica por fricciones internas con funcionarios colocados por el propio Poder Ejecutivo en puestos claves vinculados a compras. Es decir, riesgo de corrupción y más corrupción.

En su lugar, designaron a Constantino Vila, cuyo nombramiento dejaron sin efecto cuatro horas después. ¿El motivo? La prensa informó que tenía orden de captura. Él ha alegado que no estaba enterado porque la notificación llegó a la dirección equivocada y que esta medida responde a un tema administrativo judicializado en represalia por la destitución de un médico, ocurrida cuando él se desempeñaba como director del Hospital Santa María del Socorro de Ica en el 2017. Sea como fuere, lo increíble acá es que el Estado desconozca las directivas que emiten instituciones de su propio aparato. ¿Cómo puede ser que no haya un mínimo cruce de información para elegir al titular de un organismo público de la magnitud y la importancia de Essalud, que debe proteger a más de 12 millones de asegurados?

Essalud tiene a su cargo establecimientos como el Hospital III de Emergencias Grau y el Hospital II Gustavo Lanatta Luján, este último con más de 80 años de antigüedad y problemas estructurales que atender. Pero, para gestionarlos con eficiencia, necesita de una adecuada gobernanza. Es obvio que la reciente rotación de altos funcionarios impide construir un plan a largo plazo en beneficio de los peruanos. La consecuencia es que la gestión del día a día termina siendo asumida por la burocracia enquistada en los mandos medios.

Hoy, la designación del presidente ejecutivo de Essalud se produce mediante resolución suprema emitida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la entidad rectora de la institución. Es una elección que, sorprendentemente, no se realiza mediante concurso público, sino por designación directa del Poder Ejecutivo. Y quien resulta elegido lo hace por un período indeterminado. Es decir, puede ser reemplazado en cualquier momento a discreción del gobierno de turno, pese a que más del 70% de los ingresos de Essalud provienen de aportes del sector privado.

Se necesita modificar el sistema de elección de funcionarios en Essalud e implementar políticas modernas de un gobierno corporativo. Cambiar su estructura de gobernanza para constituir un directorio integrado por profesionales independientes, honestos y competentes. Mientras la institución no sea capaz de destituir a los malos funcionarios y de garantizar el nombramiento de buenos profesionales, con metas claras a alcanzar, indicadores de desempeño que cumplir y cronogramas preestablecidos, la salud de los asegurados continuará deteriorándose.

Sin ir muy lejos, según datos oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) del Minsa, el año pasado la cifra de fallecidos por diabetes bordeó los 10.000, 50% más que cualquier año prepandémico y 30% más que el 2023. La pregunta es: ¿cómo el sistema de salud peruano, del cual Essalud es un actor fundamental, enfrenta estos retos crecientes? Es inviable construir políticas públicas eficientes sin rectoría clara, sin contar con el capital humano adecuado y en medio de una nociva inestabilidad que aleja a los peruanos más calificados del servicio público.