No hay coherencia

Este es un gobierno que ha decidido priorizar de manera absoluta la lucha contra la criminalidad con medidas que podrían producir un cambio, pero sorprende entonces su pasividad frente al predictamen de la Comisión de Energía y Minas del Congreso que extiende el Reinfo un año más y reincorpora a los 50 mil inscritos que habían sido excluidos.

El estado de emergencia en Lima esta vez sí podría dar frutos porque viene con la creación del “Comité de Coordinación Operativa Unificada”, integrado por la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial, el alcalde de Lima y otras autoridades, que ya se ha reunido dos veces con presencia del propio presidente Jerí y está tomando decisiones, como proporcionar locales municipales para montar las unidades de flagrancia. Jerí claramente está liderando esta lucha movilizando a todos. Parece que por fin vamos a ver a policías, fiscales y jueces trabajando juntos, lo que será decisivo en la lucha contra las extorsiones, aunque los resultados no se vean en el corto plazo. La cuestión es organizar una manera efectiva de trabajar.

Pero en la lucha contra la minería ilegal y criminal, tremendamente peligrosa para el país, no se ve la misma voluntad sino lo contrario: desidia, esperemos que no complicidad. El 90% de los 50 mil que fueron excluidos del Reinfo tenían más de 4 años de suspendidos, y solo el 4% de ellos planteó un recurso de revisión de su exclusión. De esos, solo 1 de cada 5 ameritaba ser reincorporado. De modo que la gran mayoría de esos 50 mil no son mineros sino traficantes que sacaron su Reinfo para comercializar el oro ilegal. Reincorporarlos implica entonces reabrir el flujo ilegal, volver a darle permiso. Sería un retroceso monumental.

Lo increíble es que pareciera que el gobierno de Boluarte tenía más convicción y claridad en este tema. Estaba en proceso de aprobación tres decretos supremos para acelerar la formalización de los 31 mil formalizables y culminarla antes del 31 de diciembre, por lo menos para la mayor parte. Y el ministerio se había reunido con 60 de los 187 titulares de pequeñas concesiones que tenían a 15 mil informales dentro de ellas para incentivarlos a firmar contratos de explotación. Un 80% había aceptado.

Pero si no se comunica lo que se está realizando y no se redoblan los esfuerzos, entonces se deja a los demagogos argumentar que el Estado no hace nada para formalizar porque está “capturado” por la gran minería. ¿Qué hace el ministro que no informa? ¿Responde a otros intereses? Y preocupa sobremanera que tres de los cuatro miembros de Somos Perú —el partido del presidente Jerí— de la Comisión —Paul Gutiérrez, Elizabeth Medina y Héctor Valer— puedan votar a favor del peligroso predictamen (al momento de escribir este artículo no se conocía el resultado de la votación).

Sería nefasto dar marcha atrás con la reincorporación de los 50 mil excluidos y prorrogar el Reinfo cuando la formalización puede avanzar de manera sustancial. Dar carta libre a la minería ilegal sería retroceder en Pataz y permitir el ingreso copioso de dinero ilícito al proceso electoral. Esto no puede pasar.