Ocupemos los espacios del crimen

La inseguridad es hoy el problema número uno o dos para la mayoría de peruanos (Ipsos, 2023; 2024). Incluso en algunas encuestas se ubica por delante del costo de vida, la corrupción y el desempleo. Por eso, debe ser abordada desde diversos ámbitos, no circunscribiéndolo al propiamente policial. En esta columna proponemos descubrir algunos espacios del crimen que podríamos recuperar u ocupar.

La criminalidad encuentra oportunidades para aparecer y crecer en espacios que como sociedad no ocupamos, sea que se trate de un espacio legal –como en el caso de las drogas– o de un espacio físico abandonado y que nadie utiliza.

Hace tres años, se estableció un tope a las tasas de interés que podían cobrar las empresas del sistema financiero, medida que según el BCR excluyó al 25% de créditos de consumo y mypes del sistema. Así, en la práctica el tope funciona como un límite al perfil de riesgo tolerable por los prestamistas formales. Por encima del tope, el espacio está libre para que entre la criminalidad y satisfaga la demanda de un sinfín de personas cuyo riesgo es alto.

Un estudio del Banco Mundial sobre 87 países (2018) encontró que este tipo de medidas reduce la disponibilidad del crédito para consumidores de menor tamaño y mayor riesgo. En tanto, el IPE (2023) estimó que el 8% de hogares urbanos (580.000) recibió en el último año –ya con la regulación de tasas tope vigentes– un crédito de un prestamista informal; y el 35% de consumidores de dichos créditos reportó haber recibido amenazas o daños físicos y verbales de los prestamistas informales.

Si la regulación de tasas tope excluyó a 330.000 microemprendedores (BCR), que siguen teniendo necesidad de acceder a fondos, y los préstamos informales de origen familiar no tienen capacidad para satisfacer esa demanda, un gran porcentaje está proviniendo de los llamados préstamos gota a gota; cuyos fondos provienen del narcotráfico o alguna otra actividad ilegal, que cobran tasas mayores del 500%, y que no tienen reparos en recurrir a métodos violentos para cobrar sus préstamos.

Si queremos recuperar este espacio de las mafias, necesitamos eliminar los topes a las tasas de interés, que por bien intencionados que sean solo han conseguido entregar al menos a 330.000 personas a los préstamos gota a gota y sus sicarios.

De otro lado, diversos estudios respaldan que invertir en desarrollar espacios públicos puede reducir la criminalidad en las ciudades (Sampson et al., 1997; Branas et al., 2011; Browning et al., 2017, Kuo et al., 2001; Taylor et al., 2016). Ello, considerando que los espacios públicos deteriorados o abandonados incentivan la criminalidad y generan sensación de inseguridad a los vecinos (teoría de las ventanas rotas).

No me refiero a convertir espacios públicos en privados, sino en iniciativas que mejoren la infraestructura (áreas verdes, veredas, canchas deportivas, accesos peatonales, malecones) y atraigan gente y vida hacia ellas (festivales, ferias, eventos deportivos). Inversiones o servicios que corresponden a los municipios, pero también al sector privado; siempre –claro está– que los alcaldes pasen de prohibir bailar en el malecón o jugar en el pasto a alentar que se ocupen de manera supervisada todos estos lugares. Si seguimos creyendo que la única alternativa es proteger los espacios privados, seguiremos regalando terreno a los criminales.

La lucha contra la inseguridad no debe ser un asunto de derechas o izquierdas. Por eso, he querido traer hoy un ejemplo solucionable por el mercado y otro por una mezcla de Estado y mercado pensando en retomar u ocupar espacios que hemos perdido en favor del crimen. Luchemos contra la inseguridad, pensando fuera de la caja (y del ámbito policial).